La Asamblea denuncia 12 tratados bilaterales de inversión

- 03 de mayo de 2017 - 13:39
María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, durante su intervención.
Foto: Mario Egas / EL TELÉGRAFO

El Pleno de la Asamblea Nacional trató este miércoles los informes de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales referentes al pedido de denuncia de 12 tratados bilaterales de inversión (TBI) que Ecuador mantenía con igual número de países.

En la sesión No. 448 se aprobó la denuncia de los TBI con China (85 votos afirmativos y 20 abstenciones); Chile (84 votos afirmativos y 21 abstenciones); Venezuela (81 votos afirmativos y 21 abstenciones); Reino de los Países Bajos (83 votos afirmativos y 20 abstenciones); con la Confederación Suiza (82 votos afirmativos, 1 negativo y 20 abstenciones); con Canadá (81 votos afirmativos y 19 abstenciones); con Argentina (83 votos afirmativos y 19 abstenciones);  Estados Unidos (81 votos afirmativos y 19 abstenciones); España (81 votos afirmativos y 18 abstenciones); Perú (83 votos afirmativos y 18 abstenciones); Bolivia (82 votos afirmativos y 18 abstenciones); e Italia (81 votos afirmativos y 18 abstenciones).

En su intervención, la asambleísta María Augusta Calle, presidenta de la Comisión, subrayó que la idea es renegociar, pero en igualdad de condiciones.

Explicó que los TBI tienen una cláusula 'paraguas', a través de la cual el Estado ecuatoriano se compromete a cumplir cualquier otro compromiso sobre inversiones que hubiera asumido con inversionistas extranjeros. En tanto, no contempla una cláusula de bifurcación mediante la cual un inversionista extranjero debe optar por recursos internos o el arbitraje internacional, sin recurrir después a una tercera opción.

"Sin esta inclusión pueden replicar demandas en distintos foros simultáneamente, lo que implica un fuerte riesgo económico para el Estado, con impactos socio-económicos desfavorables y daños ambientales", acotó.

Como consecuencia, Calle aseveró que Ecuador ha sido demandado en 26 arbitrajes y, de acuerdo con la Procuraduría General del Estado, los laudos contra el Estado suman $ 1.828 millones, mientras que la cuantía demanda (arbitrajes activos y terminados) es de $ 12 mil millones.

En tanto, afirmó que entre el 2003 y 2013 el país desembolsó 155 millones por pago a bufetes de abogados y otros gastos de arbitraje.

El 50% de empresas demandantes operan en la explotación del petróleo, entre ellas Chevron II, Perenco, Encana y Oxy II.

La asambleísta agregó que esos desembolsos, que hasta mayo de 2015 fueron de más de $ 300 millones, afectan la capacidad financiera de programas públicos sociales.

Al mismo tiempo, descartó que los TBI hayan traído inversión, más bien dijo, significan un alto riesgo para el país y dio datos. Manifestó que entre 2000 y 2013, la inversión extrajera directa correspondía al 1,11% del PIB. Señaló que, pese a que Ecuador es uno de los países que más ha suscrito estos tratados, recibió solo 0,79% de la inversión extranjera en nuestra región.

Mientras que la legisladora Ximena Ponce expresó que los TBI atentan contra la capacidad regulatoria del Estado. 

A criterio de Luis Fernando Torres se podría haber esperado hasta la instalación del nuevo Gobierno y Asamblea Nacional. Añadió que en ciertos casos de los tratados bilaterales de inversión se puede entrar en una renegociación, antes que la denuncia.

La Comisión de Relaciones Internacionales mantuvo varias reuniones de trabajo, en las que se indicó que desde 1965 Ecuador ha negociado 30 tratados de este tipo, de los cuales 27 entraron en vigencia. La mayoría se suscribieron entre 1992 y 2002, pero en 1998 y en 2008 el país contó con nuevas constituciones, por lo que no se ajustaban a sus mandatos y la Corte Constitucional los declaró como inconstitucionales.

La Corte se basó en lo dispuesto en el primer inciso del artículo 422 de la Constitución, que prohíbe celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial.

De igual forma, señaló que la denuncia es un acto lícito, que está estipulado en el instrumento internacional suscrito por nuestro país, por lo que es un recurso soberano. (I)

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