La comisión de investigación de la ONU sobre Siria concluyó que, una década después del inicio de las protestas contra el régimen de Bashar al Assad, las partes enfrentadas siguen sin mostrar un mínimo respeto por la población civil, beneficiadas por "la intervención selectiva y la negligencia lamentable" de la comunidad internacional.

Los investigadores, liderados por Paulo Pinheiro, difundieron un nuevo informe en el que insisten en que en Siria se han perpetrado en la última década abusos constitutivos de crímenes internacionales, entre ellos crímenes contra la Humanidad y de guerra, "incluido el genocidio".

Las partes en conflicto habrían supeditado los derechos fundamentales a los objetivos políticos, hasta el punto de que "ninguna familia siria ha salido indemne" de un conflicto en el que los ciudadanos de a pie "han pagado el precio de un Gobierno brutal y autoritario que ha desplegado una violencia abrumadora para aplastar a la disidencia", según Pinheiro.

"La financiación, las armas y otros apoyos oportunistas desde el exterior a las partes han echado leña a este fuego que el mundo se ha conformado con ver arder", lamentó el investigador, que ha echado en falta más avances para una solución "pacífica" y "negociada" del conflicto.

La impunidad sigue sobrevolando todos estos abusos, ya que la comisión sentencia que ninguna de las partes ha hecho esfuerzos por depurar responsabilidades dentro de sus propias filas. El grupo internacional ha colaborado con más de 60 investigaciones lanzadas en otros países, pero cree que hace falta más.

Por ello, aboga por "soluciones innovadoras", en la medida en que "las demandas de las víctimas sobre justicia y rendición de cuentas son un componente central de cualquier paz duradera". La investigadora Hanny Megally cree que "la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU no debe impedir acciones en otros frentes".

Entretanto, más de la mitad de la población siria vive fuera de sus hogares y en su mayoría dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Sin embargo, también esta asistencia se ha visto "retrasada, negada e instrumentalizada" por las partes, como ha apuntado la investigadora Karen Koning AbuZayd en un comunicado.

"Hay Derechos Humanos básicos y necesidades humanitarias que se deben cubrir sin importar qué grupo controla un determinado territorio", ha subrayado. El informe, en el que se vuelve a apelar a un alto el fuego, será presentado el 11 de marzo en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (I)