Dos expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas señalaron que las declaraciones de emergencia emitidas por Estados Unidos contra otros países no solo provocan graves violaciones de derechos y libertades, sino que sirven de "excusa para imponer sanciones indefinidamente".

"Las emergencias declaradas por Estados Unidos a menudo duran años, y en algunos casos décadas, al igual que las sanciones que autorizan. En lugar de ser verdaderas emergencias, parecen excusas para imponer sanciones indefinidamente", señala el informe firmado por la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas, Alena Douhan, y el experto independiente en Derechos Humanos y solidaridad internacional, Obiora C. Okafor.

Ambos señalan que estas medidas coercitivas impuestas desde la Casa Blanca infringen "a menudo" las reglas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya que muchas de las excusas esgrimidas por Washington, como denuncias de corrupción y de supuestos abusos de los Derechos Humanos en países extranjeros, "no presentan un riesgo existencial para Estados Unidos".

"Dos leyes estadounidenses en particular, la Ley de Emergencia Nacional y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, son esencialmente en una concesión ilimitada de autoridad para que el presidente ejerza poderes amplios y altamente discrecionales a través de declaraciones de emergencia y sanciones que violan los Derechos Humanos", han explicado.

Esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo oficial una prórroga del estado de emergencia con respecto a Venezuela, Rusia y Zimbabue, pero dicha medida también ha sido ejercida sobre China, Cuba, Haití, Irán, Nicaragua y Siria.

Así, algunas de estas sanciones "niegan derechos a personas en cualquier parte del mundo que presuntamente participan en ciertas actividades, como ayudar con la reconstrucción tras el conflicto en Siria".

De acuerdo con el análisis de ambos relatores, "las sanciones autorizadas por Estados Unidos sobre la base de estados de emergencia" en estos y otros países "violan una amplia gama de Derechos Humanos", entre ellos el de libertad de movimiento y asociación, el de un juicio justo, el de la presunción de inocencia, así como otros de índole económica e incluso "el derecho mismo a la vida".

Es por ello que Douhan y Okafor pidieron a Estados Unidos que cumpla "plena y completamente sus obligaciones" asumidas en la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y así "evitar cualquier impacto negativo en los Derechos Humanos de las personas sujetas a sus sanciones. (I)