“El próximo mandato será de tensiones”

El Movimiento de los Sin Techo (MTST) moviliza en Brasil a 45 mil familias que demandan vivienda digna. Su representante, Guilherme Castro Boulos, llegó a Ecuador para explicar cómo el alto costo de la tierra y el aumento injustificado de los arriendos han provocado que cientos de familias se asienten ilegalmente en las periferias urbanas.     

¿Cuáles son las ciudades con mayor déficit de vivienda popular?
La situación es más difícil en Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Arrecife y Brasilia, donde el problema mayor es la especulación inmobiliaria. En los últimos 6 años, en Sao Paulo, el costo de la tierra aumentó 212% y en Río de Janeiro 259%. El MTST surge porque muchos ya no tienen cómo pagar el alquiler: ganan 700 reales ($284,33) al mes y destinan 500 ($203,09) para arriendo. Por eso en Sao Paulo, en el último año, hubo más de 200 asentamientos ilegales, lo que ocurría en los 80.

¿Cómo se regula la plusvalía?
Ese es el tema, no hay regulación, la única ley que rige es la del mercado. Necesitamos establecer límites al mercado inmobiliario. Desde 2001 existe el Estatuto de las Ciudades que faculta a los Municipios a controlar la tenencia de la tierra, pero no se aplica.

¿Falta voluntad política?
Es un problema estructural. El financiamiento de las campañas electorales en Brasil proviene totalmente del sector empresarial, el sector de la construcción, lo que limita cualquier posibilidad de una reforma urbana integral.  

Con la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, ¿qué proponen frente a ese problema?  
La práctica de la ocupación nos sirve para presionar a la gente y generar conciencia social sobre la realidad de quienes no tienen un techo. Nadie se opone a la construcción civil; el problema es que no hay control social y esté sujeto a la lógica del mercado, lo que es perverso para la mayoría. El Estatuto de la Ciudad establece que la tierra ociosa se destine a proyectos de interés social, caso contrario pagarán un impuesto progresivo por 5 años y tras ese plazo será expropiada por el Estado para proyectos de vivienda popular. El Estatuto también dice que quienes tengan deudas grandes con el Estado pueden dar sus tierras en dación en pago, pero después de 13 años de la ley los concejales (algunos dueños de inmobiliarias y de constructoras) no la ejecutaron. Por eso planteamos que sea una ley federal, que no dependa de los municipios.  

Rousseff ha dicho que hay temas pendientes que resolverá en su próximo mandato. ¿Cuál es su expectativa?
Esta elección fue muy polarizada y la derecha creció en número de gobernadores y en los estados, pero también crecieron las movilizaciones. El próximo periodo de gobierno estará, sin duda, lleno de tensiones sociales. Hay una presión muy fuerte de los sectores financieros, de las constructoras, para exigir una política aún más conservadora y por otro lado está la presión en las calles para exigir cambios reales. La Presidenta habló de un plebiscito para cambiar este sistema político viciado por el financiamiento empresarial y dar paso a la reforma urbana, agraria, tributaria y la democratización de los medios, que en las elecciones jugaron un papel vergonzoso. El semanario Veja publicó una mentira para involucrar a la presidenta en actos de corrupción 3 días antes del sufragio y adelantó su publicación para influir en el electorado.  

El monopolio de la comunicación, ¿cuánto invisibiliza esta lucha?  
Mucho porque los mismos que financian las campañas financian a los medios, las constructoras son las mayores anunciantes. A los medios no les interesa difundir los conflictos urbanos, por eso la necesidad de fortalecer al único medio público que existe en Brasil, un proceso bastante avanzado en Ecuador, que incluso dio paso a los medios comunitarios.