Como a la Asamblea Constituyente con mayoría de Alianza País, y por mandato popular, le compete, inexorablemente, aprobar la nueva Ley de Comunicación, periodistas “independientes” cobijados bajo el alero de Fundamedios, institución financiada  con capital norteamericano y otros obedientes a las instituciones de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep), organismo integrado por 22 medios, agrupados en cuatro o cinco empresas, se quejaron  ante los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que en Ecuador se registran amenazas a los periodistas privados y agresiones a la libertad de expresión.

Los quejumbrosos comunicadores comenzaron  a guerrear desde lejos, donde nadie los ve. Como perdieron sus candidatos, ahora, especulan respecto de un “proceso electoral asfixiado por reformas  que restringieron el trabajo de los medios.” Se atreven a sostener que “es evidente el cierre de medios y la judicialización de la opinión,” pero en sus confesiones en Washington,  silencian y ocultan  sus prácticas sensacionalistas en el manejo de la información, el tráfico  de la verdad y las repetidas injurias contra el Presidente Rafael Correa, con el supuesto amparo, su derecho a la crítica.

Exprofesamente confunden opinión con ofensa a la dignidad y honra de personas alineadas en el régimen del buen vivir.

Es notoria, otra vez, la confabulación de la prensa comercial frente al gigantesco triunfo electoral del gobierno de la Revolución Ciudadana. Aunque no llama la atención la intromisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) representada por los dueños de medios privados; si ya  lo hizo cuando impugnó la Ley, retomada por la Asamblea tras la victoria del Sí en la consulta y el referendo, pero hoy, retorna con mayor agresividad, si ayer calificaba de nefasto el proyecto de Ley de Comunicación, ahora sostiene a manera de informe que esa Ley contempla la creación de un ente regulador para normar contenidos y la penalización de los mensajes. Además lanza alerta en el documento donde menciona que en Ecuador rige: “Un gobierno autoritario”.

Los propietarios de los medios comerciales, convertidos  en centrales políticas, temen perder el control de la opinión pública e influencia en sus negocios. Los periodistas cargados de odio, fingen olvidarse, pero saben que la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los propietarios de las empresas periodísticas, sino un derecho del hombre que consta en todas las declaraciones universales.

La Ley de Comunicación se aprobará este año porque  es un mandato del pueblo y regirá de inmediato. Con este documento se terminará el falso poder de los dueños de los medios, prensa, radio, televisión particulares  que se han creído portadores absolutos de la verdad. La nueva Ley de Medios garantizará un periodismo serio y el sometimiento de los comunicadores a normas de conducta y de responsabilidad social. El periodista es un profesional como cualquier otro, y no está libre de sanciones, si incurre en un delito. El país requiere avanzar con su proyecto socialista hasta su consagración. Invitamos a los periodistas altivos a entrar en el camino correcto para cumplir su misión; guiar con sus mensajes hacia elevados logros en provecho de los ecuatorianos más necesitados.