Por ahora hay toda la seguridad de que este el año Ecuador contará, por fin, con una normativa para la comunicación. Y las preguntas inmediatas son para qué sirve y qué hacemos con ella tras su aprobación. Entonces nacen dos reflexiones con las cuales se puede discutir, sobre todo, el desarrollo de la comunicación en un país donde se desatan varios procesos políticos, sociales, económicos y culturales que están atravesados por lo que dicen o dejan de decir los medios de prensa.

La primera reflexión importante es que los medios públicos y comunitarios contarían (tras muchos años de lucha de organizaciones sociales, periodistas, gremios y académicos) con una legislación para garantizar su existencia y administración. Y con ello, además, se genera un proceso comunicacional distinto, apuntalado desde el concepto de lo público, por fuera de la lógica del mercado.

Más allá de lo que cuestionan desde el hígado los analistas de la prensa privada y comercial, con la existencia de medios públicos y comunitarios, con sus roles muy claros definidos en la ley, la democratización de la comunicación adquiere sentido. Eso deriva, con justa razón, una multiplicación de voces, relatos y narraciones de la realidad. Para ello, solo hace falta que entendamos que lo público ni es gubernamental ni de oposición, pero tampoco de una independencia absoluta de todo, como si no hubiesen valores, principios, doctrinas y legislación comunes a todos.

Por lo mismo, con esta ley se desatan esos procesos para estimular, también, una mejor y más amplia formación de los nuevos comunicadores, que ahora, en las facultades del sector, ni siquiera se menciona cómo son y cuáles son sus características intrínsecas.

Y por qué no: con esta ley, en función de principios y doctrinas por mucho tiempo discutidas, se puede desarrollar otro proceso que todavía es una pregunta en voz alta, con varias derivaciones y matices: ¿cómo dialogan los medios públicos, privados y comunitarios? ¿desde qué visiones construyen la realidad en sus relatos? ¿serán las lógicas de la competencia y la del mercado (muchas veces reducidas al rating y las ventas) las únicas que cuenten a la hora de evaluar su comportamiento?

Por lo mismo, los medios públicos deben contar, gracias a esta ley, con autonomía editorial y financiera para impulsar sus mejores capacidades y, sobre todo, el servicio a sus audiencias (cada día más amplias geográfica y numéricamente). Pero también elevar la calidad y la excelencia del periodismo, superando esas cuñas clavadas por una supuesta tradición periodística monolítica y unívoca.

En cambio, los medios comunitarios asumen un reto que no está del todo claro en el debate de su rol: se deben a la comunidad y como tales deben imaginar procesos y relatos que hablen desde esa enunciación. No porque sean comunitarios se los debe asimilar como medios pobres, solo de la parroquia o el cantón. Deben ser de la comunidad, aunque esta englobe a todo un país y para ello debe ser la misma comunidad la que los financie, los sostenga, los fiscalice y haga suyo su mantenimiento y perdurabilidad.

En todo esto hay mucho por hacer. La Ley de Comunicación no es un cuerpo jurídico para, supuestamente, perseguir a periodistas y medios, sino una estructura filosófica para cumplir con ese anhelo de producir otras formas de comunicación para acompañar e impulsar los cambios de fondo del país.

La segunda reflexión es cómo se asumen como actores sociales para esta transformación los medios privados y comerciales. Sospecho que se agotaron los argumentos supuestos de que la “ley mordaza” conlleva la desaparición de la prensa privada. Ha “subsistido” estos años con un protagonismo excesivo y hasta con tan poca autocriticidad para pensarse a sí misma de modo que su angustia no sean solo las ventas o el rating, sino la calidad de su ejercicio público.

Con la nueva Ley de Comunicación, por ejemplo, los periódicos tienen la obligación de numerar sus ejemplares para acabar, por fin, con esa farsa de decir que son los que más imprimen y falsean las cifras. Con ello se acaba el fraude para los usuarios, empresas y personas, que debían pagar por anuncios o avisos sobre la  base de cifras mentirosas.

Y con la existencia de un consejo de regulación se acabarán esas impunidades de ciertos medios con su ejercicio poco ético y para nada profesional sobre aspectos como el sexismo, la violencia y cierta farandulería como sinónimos de periodismo de entretenimiento o sensacionalismo.

Ya veremos cómo se desata su reacción tras la aprobación, pero por ahora se observa solo resignación y para nada autocrítica por el daño que le hicieron al país y a la comunicación con la oposición desatada en los últimos cuatro años.