De julio de 2012 a julio de 2014 fueron detenidas 59.536 personas durante el cometimiento de un delito o minutos después del mismo; de ellas el 90% sí calificó flagrancia, es decir, que dentro de 24 horas se cumplió con los procedimientos judiciales y un juez verificó la legalidad de la aprehensión, así consta en el libro Delitoscopio, emitido por la Fiscalía General del Estado.

Ana Luzuriaga, fiscal multicompetente que opera en Santa Elena, explicó que para efectuar los procesos dentro de las 24 horas y definir la situación de los privados de la libertad son esenciales dependencias que concentren a los cuerpos auxiliares de la Fiscalía, como Criminalística, Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, Policía Judicial, entre otros.

“Esto ayuda a una eficaz y rápida investigación y a realizar todas las pericias”, dijo Luzuriaga y puso como ejemplo Guayaquil, donde antes laboró, pues aclaró que en Santa Elena aún no funciona una agencia con tales características.

Delitoscopio, publicado a inicios de febrero, además reveló que la provincia del Guayas registró la mayor cantidad de detenciones, con 16.511; y Galápagos la menor, con 226.

Además mostró que al 69% del total nacional de sospechosos se les dictó prisión preventiva, o sea que permanezcan apresados durante el desarrollo de las investigaciones; y que solo el 0,6% (357) se acogió al procedimiento abreviado, esto significa que admitió que cometió la infracción, con el fin de que se les establezca una pena mínima.

Julio César Cueva, abogado en libre ejercicio, explicó que el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el procedimiento abreviado puede sustanciarse cuando ocurren infracciones que acarrean pena privativa de libertad de hasta 10 años y que la propuesta podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la de evaluación y preparatoria de juicio.

Agregó que será el fiscal quien ‘negocie’ la pena con el procesado que acepte su responsabilidad y le solicita al juzgador audiencia para que este verifique y defina si se acepta o rechaza el procedimiento. Si lo admite deberá instalar la audiencia inmediatamente y dictar la sentencia condenatoria.

Productividad en flagrancia

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), durante la rendición de cuentas del período 2014 (27 de enero de 2015), informó que la gestión en las Unidades deFlagrancia, es decir, a la coordinación entre policías, fiscales, jueces, peritos y demás operadores de justicia, fue posible reducir la tramitación de los procesos de 191 a 29 días.

Aquel día también dijo que en la actualidad 8 jueces están en capacidad de dictar un promedio de 60 sentencias mensuales a diferencia de 2013, cuando la cifra era 30 y antes de ese año solo llegaban a 15.

Unidades especializadas

El 13 de febrero el CJ inauguró las instalaciones de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Flagrantes en Ambato, provincia de Tungurahua.

Esta es la sexta dependencia con dichas características, pues también hay en Guayaquil, Quito, Manta, Babahoyo y Quevedo.

El edificio tiene una cámara de Gesell, para que los usuarios rindan sus declaraciones sin ser revictimizados; un espacio de aseguramiento transitorio, donde permanecen los presuntos infractores hasta que se los lleve a audiencia, entre otras divisiones especiales.

“Este es un espacio de coordinación interinstitucional para trabajar de manera más efectiva en la lucha contra la impunidad, contra la inseguridad, pero con la ley en la mano”, manifestó Jalkh durante la inauguración.