Una gran cantidad de especies marinas aparecieron sin vida en una ribera del estero ‘El Jobo’, ubicado en el recinto Las Cañitas, parroquia Pimocha, del cantón Babahoyo (provincia de Los Ríos). Ocurrió el 27 de mayo, y la Fiscalía inició una investigación porque se trataría de un presunto delito ambiental en contra de los recursos naturales. La falta está en el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, a quien contamine vertientes, fuentes, caudales, y aguas naturales (...).

Y forma parte de los 19 tipos penales que se encuentran en el COIP en materia de delitos contra la naturaleza, como por ejemplo invasión a las áreas protegidas o ecosistemas frágiles, incendios forestales y de vegetación, cacería y comercialización de especímenes en peligro de extinción, contaminación del aire, entre otros.

Sin embargo, era necesario crear una guía con principios técnicos que permitan a los operadores de justicia (fiscales y jueces) exponer sus argumentos en una audiencia, y que estos delitos sean sancionados.

Para lograr ese objetivo se publicó el Manual sobre Derecho Penal Ambiental Ecuatoriano, texto elaborado por la Fiscalía General del Estado y con la coordinación de la organización ecológica internacional Sea Shepherd, oficina Galápagos, explicó Silvia Castro Medina, asesora en temas ambientales de la Fiscalía General del Estado.

Manifestó que el manual recoge los principios y las normas que complementan los delitos tipificados en el COIP, entre los que se encuentran los principios básicos del Derecho Ambiental, el ambiente como bien jurídico protegido en la Constitución, el Derecho Ambiental Ecuatoriano, y los respectivos acuerdos ministeriales. Castro afirmó que las autoridades realizan constantes esfuerzos para contrarrestar este tipo de delitos en el país.

Recordó el caso de un ciudadano mexicano, que en 2015 fue sorprendido en las islas Galápagos cuando intentaba sacar 11 iguanas de manera ilegal, por lo que recibió una sanción de 2 años de privación de libertad y una multa de $ 30.000. “Estamos distribuyendo el manual a los operadores de justicia, que manejan el tema ambiental”, indicó la funcionaria.

Según datos de la Unidad de Policía de Medio Ambiente (UPMA), de enero a mayo de 2016 se reportaron 4.696 operativos ordinarios, 1.371 extraordinarios y 35 especiales. Y fueron detenidas 61 personas.

Especialistas trabajaron manual

La Fiscalía firmó el convenio con Sea Shepherd, en diciembre de 2015, para trabajar en el manual. Participaron el especialista Mario Peña Chacón, de Costa Rica; el abogado Hugo Echeverría, junto con Silvia Castro y Bormann Peñaherrera por la Fiscalía. También está dirigido a juristas especializados en litigación de infracciones y delitos contra la biodiversidad, y recursos naturales.

Para Godfrey Merlen, representante de Sea Shepherd, este manual es un avance importante para el país que inició desde la Constitución de 2008 en los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. “Es positivo, es parte del proceso que esperamos que tengan mayor movimiento en el futuro para la supervivencia del ecosistema y las especies”, dijo. (I)