En casi todos los países de América Latina ha mejorado el número de jueces por habitantes;  también los  operadores de justicia resuelven los casos mucho más rápido que antes, lo que se refleja en la productividad de las instituciones judiciales. Pero desde la perspectiva de las decisiones de los jueces, hay que analizar si en sus sentencias están respetando la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes vinculadas a un proceso.

Por esa razón, desde el año pasado, en Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Bolivia se desarrolla el proyecto ‘Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina: auditoría social y transparencia’, a través del cual se busca conseguir en la región una justicia más transparente y accesible.

Eso no quiere decir que desconozcamos que hay procesos de reforma y modernización, y ojalá que muchas de las recomendaciones que salgan del proceso que estamos llevando en estos 5 países puedan nutrirlos, con metodologías concretamente desarrolladas para esas finalidades, consideró el Dr. Luis Enrique Aguilar, coordinador de Derechos Humanos de la Comisión Andina de Juristas, quien estuvo en Guayaquil para conocer el avance de este trabajo en el país, y se dio tiempo para dialogar con diario EL TELÉGRAFO sobre la justicia en Latinoamérica.

¿Cuál es la percepción de la justicia en la región?
Preocupa un factor común de los 5 países. El problema que tienen los grupos de especial protección o de atención prioritaria de acceso a la justicia, es decir a la decisión del juez; y la transparencia de la función jurisdiccional. Todo este proceso que estamos desarrollando ayuda a que el juez decida mejor, organice sus fallos y compare cómo resolvió 5 o 7 casos. Esto ayudará a mejorar y fortalecer la justicia. Aunque no desconocemos los procesos de reforma y modernización que se están implementando en estos países.

¿Cómo define la transparencia jurisdiccional?
Hace poco se efectuó una reunión iberoamericana de presidentes de Corte Suprema, se dividieron en grupos de trabajo y ninguno se encargó de analizar la transparencia de la Función Judicial en el punto más importante que son las decisiones de los jueces. Ahí sentimos que podemos aportar. Eso no quiere decir que desconozcamos que hay procesos de reforma y modernización de la justicia, y ojalá que muchas de las recomendaciones que salgan del proyecto que estamos llevando en estos 5 países puedan nutrir a esos procesos.

¿La productividad judicial puede caer en la falta de calidad?
Efectivamente. Por ejemplo en Perú, que pasa por un proceso de modernización y fortalecimiento de la justicia, producto de la implmentación del nuevo Código Procesal Penal, se trabaja con esquemas previamente elaborados, simplemente hacen un ‘copy-pega’ y terminan armando la sentencia, porque tienen que lograr el indicador de productividad. Por eso uno sigue encontrando los mismos fallos de hace 4 o 5 años.

La justicia ecuatoriana pasa por cambios importantes desde la vigencia del COIP ¿qué opinión le merece este proceso?
Como Comisión Andina de Jurista, creemos que hay retos importantes que han planteado no solo las instituciones de Derechos Humanos, sino también de las autoridades públicas, hay un reconocimiento muy variado. Pero, desde la perspectiva constitucional, se esperaba un proceso de consolidación de un nuevo modelo de justicia en Ecuador.

Organismos internacionales consideran que falta avanzar en la justicia latinoamericana, ¿cómo lograrlo?
Creo que, en el caso ecuatoriano, el primer paso se dio con la reforma de la Constitución, porque plantean un marco constitucional bastante interesante y habrá que ver en el tiempo qué tan bien se implementa un sistema judicial moderno. Con la Constitución del 91, la justicia colombiana cambió desde una lógica de garantía de derechos y protección a las personas, pero persiste el problema de atención a los desplazados. El sistema judicial peruano todavía tiene sus problemas de corrupción. No hay sistema judicial perfecto, porque este es un proceso gradual de ir avanzando, plantearse nuevas metas y enfrentar cuestiones que son complicadas para cualquier país.

¿La oralidad ayudará a la administración de justicia?
La oralidad en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia es un desafío para el tema de acceso a la justicia, cómo las partes van a acceder con mayor agilidad, porque los sistemas de información no solo deben estar pensados para el sector público, sino para los usuarios y litigantes. El cambio tiene que adecuarse al ciudadano.
 
¿Es necesaria una corte penal con una legislación común para los delitos transnacionales?
Sería interesante, siempre que esté vinculada a la persecución y sanción del delito transnacional.