Un total de 1.008 compañías de seguridad privada se encontraban registradas hasta febrero de 2014 en el Departamento de Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad Privada (COSP) de la Policía, que verifica que las compañías cumplan con los requisitos para su funcionamiento.   

Hasta ese período se encontraban registrados también 62.014 guardias de seguridad en el país.

Por ello, debido a la necesidad de regular el sector para ofrecer un mejor servicio, los asambleístas de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales analizan y reciben los aportes sobre el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Privada.

El proyecto, de 12 artículos, fue presentado en 2014 por el asambleísta Paco Fierro, representante de la provincia de Chimborazo. El objetivo es mejorar el funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad.  

Profesionalización de agentes

Galo Estrella Valladares, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, propuso que se mantenga el texto, constante en la ley vigente, que permite que solo las compañías limitadas sean las responsables de brindar servicios de seguridad.

Estrella mencionó que el ejemplo de Colombia, donde la Superintendencia de la Seguridad regula toda la actividad, incluso la de las empresas de seguridad privada, se lo podría aplicar en el país.  

Miguel Guzmán, presidente del Grupo M&S Profesionales de Seguridad, consideró que es hora de que Ecuador cuente con una ley de seguridad privada actualizada, no dedicada a las compañías de seguridad, sino que involucre a todos los agentes y personas relacionadas en el sector.

Con respecto a los profesionales que trabajan en la seguridad, Guzmán propuso eliminar la modalidad de vigilancia fija y móvil, por vigilancia con armas y sin armas. “Eso dependerá del riesgo del lugar a proteger”.

Raúl Morán, consultor en seguridad, manifestó que es necesaria una profesionalización de todos los actores involucrados en la seguridad del país. Y de esa manera se generaría una doctrina que apoye la reducción de riesgos.

“La regulación involucra a todos los actores, como los agentes, los responsables de las áreas de seguridad en las empresas, consultores, asesores, que todos sean reconocidos por el Estado”, dijo.  

Sobre este punto es importante la formación técnica académica en todos los niveles de seguridad, además de las capacitaciones.

La asambleísta Mallerly Vásconez afirmó que se escucharon los aportes de los profesionales, pero es en la mesa donde se tomará una decisión sobre ese tema. “Observamos que no haya funciones de la seguridad privada que no le puedan competir de manera constitucional o legal”.  Indicó que el proyecto se encuentra en la etapa de comparecencias.

Para la legisladora María Augusta Calle, las reformas que se discuten sobre la ley de seguridad privada son importantes. “Necesitamos un marco jurídico que se ajuste a nuestra constitución, y también a nuestra realidad”. Agregó que el proyecto de reformas a la ley aún se encuentra en la primera etapa, por lo que se continuará recibiendo más aportes sobre el tema.