La audiencia de juicio directo que tenía previsto instalarse la tarde del martes en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, contra 13 jóvenes que fueron desalojados de las instalaciones del Molino El Censo, cerca del Machángara, fue suspendida porque dos de ellos no asistieron.

La jueza de garantías penales, Fátima Yundo, dispuso la comparecencia de Luciando X. y Jhonny P. utilizando la fuerza pública, amparada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que si el procesado no se presenta al juicio, el juzgador podrá disponer su detención, para que comparezca.

El 16 de junio, 13 jóvenes fueron aprehendidos y llevados a la Fiscalía, donde luego de la diligencia judicial fueron procesados por el delito de daño al bien ajeno, contemplado en el artículo 204 del COIP, después recuperaron la libertad. En una nueva audiencia, en una fecha por definirse, la fiscal Elba Garzón tendrá que exponer la teoría del caso, mientras que la defensa presentará sus argumentos.

Cristina Camacho -testigo- afirmó que ese lugar funcionaba como centro comunitario. Dijo que en el operativo los agentes les sustrajeron a los chicos pertenencias adquiridas por donaciones: computadoras, tablets e instrumentos musicales.

Patricio Almeida, abogado de los jóvenes, sostuvo que no existe el delito de daño al bien ajeno, que la detención es ilegal porque no se presentó una orden de desalojo, y que no existe un delito flagrante.

El Municipio de Quito, mediante un boletín de prensa, manifiesta que el 16 de junio de 2016, personal de la Agencia Metropolitana de Control efectuó un operativo conjunto, en el que se intervino un predio abandonado, en el sector del Trébol, donde se encontró droga y artículos robados.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, la Policía Nacional, el Comandante de la Zona y la Agencia Metropolitana de Control, ante la denuncia recibida en la Fiscalía.

“Se trataba de un predio privado que era invadido por individuos que presuntamente se dedicaban a actividades ilícitas. Al ingresar al lugar se evidenció la tenencia de armas blancas, marihuana, una sustancia blanca (aparentemente cocaína) y objetos para realizar ritos satánicos”, señala el comunicado de prensa. Estas declaraciones fueron desmentidas por Patricio Almeida, abogado de los jóvenes. (I)