Las investigaciones efectuadas por la Fiscalía encontraron evidencias suficientes para iniciar una nueva causa penal por tentativa de golpe de Estado en contra de al menos 10 personas que participaron activamente durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, que puso en peligro la integridad del presidente Rafael Correa Delgado.

“Hemos analizado varios videos, fotografías, testimonios, con lo cual ubicamos a 10 personas entre civiles y policías, cuya actuación en los eventos del 30S corresponden a una tentativa de golpe de Estado”, aseguró el fiscal de Pichincha, GustavoBenítez, quien lleva adelante la indagación previa sobre este delito.
Explicó que este caso se basa en el artículo 130 del Código Penal anterior, que trata sobre los delitos contra la seguridad del Estado. “El grado de participación entre golpe o tentativa lo determinaremos al final de las indagaciones, ya que posiblemente tengamos que incluir a más sindicados. Las investigaciones están avanzadas”, dijo.

Analizan videos

Al momento el equipo que trabaja con Benítez analiza cerca de 100 videos que existen sobre los acontecimientos, “Hemos sistematizado 33 y con ayuda de peritos estamos revisando cuadro por cuadro para identificar a los responsables, entre los que constan policías y civiles, que serán llamados a juicio”, indicó el fiscal al referirse al expediente que se abrió el 4 de octubre de 2014.

Además, el funcionario añadió que también han identificado a otros 15 uniformados que ese día sacaron motocicletas y patrulleros con la finalidad de trasladarse a las distintas unidades policiales de Quito para incentivar a sus compañeros a que se unan a la rebelión.

Benítez cree que ambas indagaciones podrían concluir en unos 60 días y estaría lista la instrucción fiscal para, posteriormente, solicitar una audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen.

Sentenciados e inocentes

Ante el pleno de la Asamblea, elfiscal de la Nación,Galo Chiriboga, dijo que se han procesado a 620 personas por los hechos ocurridos el 30S; sin embargo, hasta el momento han sido sentenciados 139 imputados.

Chiriboga explicó que al final de la etapa de indagación, no todos son llevados a juicio, “depende de las pruebas recolectadas que permitan tener la convicción del cometimiento de un delito. La Fiscalía tiene una responsabilidad jurídica, por eso no se puede llevar un caso ante los jueces sin acusación”, aseveró.

En los casos del 30S se ha logrado probar la responsabilidad de los que fueron sentenciados, pero  en algunas causas, los jueces han determinado que la prueba no era suficiente para condenar a los procesados, por eso declararon a 31 como inocentes.

“La Fiscalía no acusó sin fundamento, los jueces evaluaron las pruebas en procesos de juzgamiento complicados que llevaron su tiempo. Aunque, recibimos críticas, pero vamos a paso seguro”, aseveró.

En esta línea Benítez explicó que normalmente la Fiscalía trabaja de manera conjunta con la Policía, pero para investigar los hechos del 30S se ha tenido que dejar esa colaboración y emprender las indagaciones independientemente, “esto ha complicado y retardado los procesos, ya que tenemos que hacer todo desde la Fiscalía; además es complicado hallar testigos, ya que muchos no quieren hablar o denunciar a sus compañeros”.

24 indagaciones previas

Hasta el momento se han realizado 70 audiencias y están en indagación previa 24 casos, de los cuales 4 están abiertos por tentativa de golpe de Estado, 4 por asesinato, 2 portentativa de asesinato, 1 por plagio, 2 por rebelión, 1 por incitación a la rebelión, 1 por insubordinación, y 9 indagaciones por definir.

En enero de este año, en una audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía imputó a 89 militares por su presunta participación en el delito de rebelión, cometido en el sector La Recoleta, en Quito. La instrucción fiscal durará 90 días.

La audiencia reservada estaba prevista a efectuarse en el Juzgado Décimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, pero por cuestiones de logística se desarrolló en una sala de la Corte Nacional de Justicia.

Según el fiscal del caso, estos ciudadanos habrían participado en las protestas generadas en los exteriores del Ministerio de Defensa, en el Centro Histórico de Quito. Los procesados tienen el impedimento de salir del país.

El 9 de marzo, en una audiencia de formulación de dictamen, el juez de Garantías Penales de Pichincha, Jaime Bayas, llamó a juicio a 3 de 6 procesados por la pérdida de evidencias, tras los hechos suscitados en los exteriores del Hospital de la Policía Nacional, de donde fue rescatado el Primer Mandatario.