Las indemnizaciones se dan principalmente cuando hay demandas internacionales y una sentencia de por medio, lamentablemente el Estado ha pagado esos valores fijados, pero no ha habido juicios de repetición contra los violadores de la ley, y esa situación no se ha dado, fundamentalmente, por falta de agilidad y de voluntad política de quienes administran la justicia, que no se han preocupado de ejecutar ese principio contra los funcionarios judiciales, fiscales o policías que violaron la ley y causaron una demanda contra el Estado.

Como organismo garantista de los derechos humanos, presionamos para que se sigan los juicios de repetición contra los funcionarios públicos que violan la ley. En uno de esos casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciaría  en los próximos días.

Se trata de los jueces que fueron destituidos y reemplazados por la denominada “Pichicorte”, en 2004, y tras la sentencia en  ese caso, el Estado podría verse obligado a indemnizar a los magistrados defenestrados ilegalmente por una resolución emitida por los diputados de ese entonces.

Los magistrados destituidos presentaron  demandas contra el Estado ecuatoriano ante la CIDH y con la sentencia, próxima a dictarse,  se conocerán las sanciones, que normalmente consisten en  una indemnización económica y una publicación en medios de comunicación colectiva, con el fin de reparar el daño moral.

Tras pagar esos miles de dólares, a su vez, el Estado  debe obligar a que los diputados, que en ese entonces actuaron contra derecho, reembolsen esos valores con su peculio y bienes.

En el caso Tibi, por ejemplo, se siguieron juicios de repetición, que lamentablemente quedaron en el limbo, contra los policías que actuaron en la detención arbitraria y firmaron el parte de aprehensión que sirvió como sustento para el  inicio de  la instrucción fiscal.