El 17 de agosto de 2015, la vía Cuenca-Loja, en el sector San Vicente, del cantón Saraguro, fue escenario de protestas violentas protagonizadas por los pueblos indígenas que exigían del Gobierno escuchar sus demandas. Las manifestaciones fueron repelidas por los gendarmes de la jurisdicción.

En medio del caos que se registró ese día, el policía Jaime Revilla Trelles, María Fárez, jefa política del cantón Saraguro; y, Edwin Morocho, comisario nacional de Policía, fueron retenidos por un grupo de indígenas en Saraguro. Fárez y Morocho fueron liberados en la noche, pero no corrió con la misma suerte el policía Revilla, quien fue sometido a una serie de torturas, pero al final logró salvarse.

Revilla recuerda que los protestantes lo llevaron hacia la casa de la Federación Interprovincial de Indígenas de Saraguro. Allí lo arrodillaron y le arrojaron agua con ají a los ojos para luego cubrirle el rostro y, con un trapo, le taparon la boca. “Me ardían los ojos y no podía ver, pero escuché que me iban a quemar y a tomar venganza porque, supuestamente, los policías habían golpeado y arrojado gas a los protestantes”, indicó. Luego, lo ingresaron en una habitación y lo vistieron de mujer, con anacos y demás vestimenta indígena femenina.

Posteriormente, los indígenas lo trasladaron a la comunidad Cañicapac, donde uno de ellos dijo que lo iban a castrar, otro intentó ahorcarlo con un trapo. En eso llegó una mujer, quien dijo que debían esperar a otros dirigentes para organizar el castigo que tendría. El policía se hizo el dormido y lo trasladaron a una habitación, de donde escapó por una ventana.

Revilla caminó en medio de matorrales, cerca de 5 horas, hasta que llegó al hospital de Saraguro, donde lo ayudaron y pudo llamar a sus compañeros. Mabel Ramón, cónyuge del policía Revilla, considera que los hechos no deben quedarse en el olvido, y pidió que la justicia sancione a los responsables de las agresiones. En las protestas indígenas fueron heridos 114 policías, la mayoría tenía golpes y lesiones en las extremidades.

Durante las protestas fueron detenidos 29 indígenas. La Fiscalía abrió un expediente de investigación contra 22. Posteriormente, los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Loja emitieron sentencia contra el primer grupo de 10 procesados, de los cuales 8 fueron declarados inocentes, y Luisa L. y Servio A. recibieron una pena de 4 años de privación de libertad.

Otro grupo de 7 miembros de la misma comunidad Saraguro no fue llamado a juicio. En tanto, 12 procesados esperan que se inicie la etapa de proceso. Es decir, aún no concluye el caso Saraguro. La defensa de ambos sentenciados, Luis Cartuche, anunció que solicitará la anulación del fallo.

Para el presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, Jimmy Salazar, la sentencia es de primera instancia, porque el fiscal que llevó el caso recogió en un informe agresiones e intentos de asesinato que irían en contra de la moral, por lo que el juez habría resuelto tal sanción. “No obstante, la sentencia es susceptible de apelación y puede ser revisada por otra sala de un tribunal penal”, dijo el jurista en una entrevista en el noticiero de GamaTV. En tanto, los sentenciados están libres.

Esposas de policías en la ONU

Ana Cuenca y Rosa Suárez, representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Policías Agredidos, se reunieron el martes último con Diego Zorrilla, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Quito, para demandar que “se visibilicen los derechos humanos de los policías”.

Tras la reunión con el coordinador de la ONU se acordó mantener un diálogo constante, con el fin de remitir un comunicado oficial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como videos que avalen el irrespeto a la integridad de los agentes policiales. Las mujeres de los policías heridos organizaron ayer un plantón con carteles al pie de las dependencias de la Defensoría Pública en Quito.

Zorrilla también recibió a un grupo de dirigentes indígenas, que pidió presentar el caso Saraguro ante el alto comisionado de la ONU en la próxima Asamblea General, que se efectuará en dos semanas.

Judicatura no revisará sentencia

El director general del Consejo de la Judicatura, Tomás Alvear, recibió el lunes último a una comisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que presentó un documento en el que se expresan varias inquietudes sobre el caso Saraguro. Recordó que la Judicatura no tiene competencia para revisar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por los jueces. Agregó que el organismo siempre atiende las quejas formales respecto de las actuaciones administrativas de los jueces, pero la denuncia debe ser debidamente sustentada. (I)