Durante dos horas, y con la presencia de la fiscal colombiana, Maria Sánchez, el titular de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, presidió la audiencia oral de extradición de Jhon Capera Tique o Wilson Tapiero Tique, alias "Dumar", supuesto jefe de finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC).
 
Francisco Echeverri, director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Colombia,  manifestó que no tiene dudas en torno a la identidad de la persona requerida. "Científicamente se comprobó mediante el cotejamiento de las huellas digitales, que la persona que buscamos desde hace un año y medio, es Jhon Faber Capera Tique, alias Dumar".
 
El presunto guerrillero fue capturado en mayo del 2012 en Lago Agrio, provincia de Sucumbios, cuando se encontraba en el interior de una hacienda en donde se halló armas y uniformes militares, por lo que un Tribunal Penal lo sentenció a tres años de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas. Inmediatamente las autoridades colombianas manifestaron que la Policía ecuatoriana detuvo al jefe de finanzas del frente 48 de las FARC.
 
Dumar es requerido por el Juzgado Segundo de lo Promiscuo Municipal de Puerto Asís, en Putumayo, por presuntos delitos de terrorismo, homicidio y atentados. De ser extraditado y encontrado culpable en el país vecino podría enfrentar una sentencia de entre 10 y 15 años.  
 
Echeverri añadió que la extradición no es una certificación de culpabilidad, sino un proceso de cooperación entre países para poder llevar a juicio a la persona requerida.
 
Ernesto García, abogado de alias "Dumar", señaló que la extradición se puede dar únicamente si el sospechoso no ha sido sentenciado ni se encuentra cumpliendo una pena. Sin embargo, Echeverri afirmó que jurídicamente, según el artículo 18 de la Ley de Extradición de Ecuador, se permite que la CNJ decida entregar al procesado provisionalmente o definitivamente, dependiendo de los requerimientos del país solicitante.
 
El presidente de la CNJ tiene un plazo de 10 días para pronunciarse, luego de lo cual la documentación será enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores y luego al Ejecutivo quien decidirá si procede o no la extradición.