Desde la aprobación en la Asamblea Nacional del Código General de Procesos (Cogep), en mayo del año pasado, las notarías asumieron competencias que antes se hacían en los juzgados, entre ellas la inscripción de contratos de arrendamiento, el trámite más solicitado.Según la Subdirección de Gestión Notarial del Consejo de la Judicatura (CJ), entre junio de 2015 y marzo de 2016 hubo 28.877 inscripciones de contratos de arrendamiento de montos superiores a un salario básico unificado, es decir mayores a 366 dólares. Otros trámites de alta demanda, constituyeron la partición de bienes hereditarios, con 1.424 casos, y autorizaciones de inscripciones de matrículas de comercio, con 518.

Entre las nuevas diligencias que se pueden realizar ahora en las notarías, están: el divorcio por mutuo consentimiento cuando no existen hijos menores de edad; la aprobación de la reforma de las sociedades civiles y mercantiles; la autorización de inscripción de matrículas de comercio; la constitución de patrimonio familiar; la partición de bienes hereditarios o el requerimiento al deudor para constituirlo en mora.

El Cogep, que tendrá ejecución plena el próximo 23 de mayo, dispuso que ciertas reformas entrarán en vigencia 30 días después de la aprobación, entre las que constan los 37 actos de jurisdicción voluntaria que ahora son de competencia de las notarías. Estas atribuciones han permitido que los notarios sean agentes de descongestión de la Función Judicial. El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo que “una notaría que hace bien su trabajo, garantiza seguridad jurídica y previene conflictos”.

Además tienen un mismo catálogo de actos, tarifas de cobro unificadas, facturación electrónica e interconexión para el intercambio de información con entidades del Estado como el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Registro Civil y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap). En el mismo sentido se pronuncia, Felipe Iturralde, notario vigésimo quinto de Quito. “Son más de 33.000 casos que dejaron de ir a la administración de justicia”.

Iturralde recalcó que otros factores, como el de contar con un solo sistema informático en todas las dependencias del país, ha determinado el mejoramiento del servicio. Rómulo Pallo, notario cuarto de Quito, mencionó que otro elemento importante ha sido el incremento de las notarías. “El usuario puede escoger la más cercana a su residencia, la que le preste mayor facilidad”. El CJ amplió la cobertura notarial a ciudades que no contaban con este servicio, y al momento existen 598, distribuidas en 217 cantones. En 2013 atendían 470.

“No se trata solo de más infraestructura sino de mayor número de notarios capacitados para ejercer su labor, que fueron elegidos en concursos públicos de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, con lo cual se democratizó el acceso a este tipo de cargos” enfatizó Jalkh. Ahora el país alcanza una tasa de 3,67 notarios por cada 100 mil habitantes y los cobros que realizan se basan en tablas aprobadas por el Consejo de la Judicatura. (I)