El padre de Hilda P. era juez suplente en Vinces, provincia de Los Ríos, y fue asesinado por un individuo al que había sentenciado por robo y tenencia de armas, pero que luego le cambiaron la medida y debía presentarse periódicamente para firmar unos documentos. “Cuando yo salga te vas a acordar”, le había dicho el individuo y lo cumplió.

El crimen fue hace 8 años, pero el dolor en la mujer, que ahora tiene 29 años, sigue intacto. Es que los delincuentes no solo le quitaron a su progenitor, sino que 2 años después, cuando su madre impulsó la causa en contra de los mismos individuos, también la asesinaron. Una de sus 3 hijas presenció el crimen.

La joven estaba a pocos días de dar a luz y no solo se convirtió en madre de una bebé, sino también de sus 2 hermanas menores que en esa época no pasaban de los 10 años. La ayuda la encontró en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) de la Fiscalía General del Estado. Recibió asesoría legal, tratamiento psicológico para los miembros de la familia que ahora tenía a cargo y además colaboración para subsistir, pues no tenía un trabajo y tampoco podía salir a buscarlo, pues debía cuidar a las niñas.

El principal sospechoso del crimen, quien estaba en la lista de los ‘Más buscados’, fue detenido en 2011. El temor no detuvo a Hilda, pese a que estaba embarazada, y a las audiencias iba acompañada de funcionarios del Sistema de Protección que al igual que ella se ponían chalecos antibalas para resguardarse. El hombre fue sentenciado a 25 años de privación de libertad.
Aunque Hilda ya no es parte del programa de la Fiscalía, aún acude cuando necesita de una ayuda psicológica. El martes último fue con su hija a la nueva sala lúdica, ubicada en el piso 7 del edificio Montecristi, en 9 de Octubre y Antepara.

Ahí, la pequeña estaba en el espacio destinado a los niños. Las paredes son de vidrios y se ven los edificios céntricos. Su visita coincidió con la del presidente Rafael Correa, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh; el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, y demás autoridades que recorrieron la edificación.

Ahí conversó de su situación, las heridas volvieron y lloró. Las autoridades prometieron ayudarla, pues aún no ha conseguido un trabajo pese a ser ingeniera en Telecomunicación. Al escuchar que iba a conseguir un apoyo volvió a tranquilizarse.

Niños y adultos protegidos

Hasta agosto del año pasado, 2.138 víctimas, 220 testigos, 95 ciudadanos implicados en los procesos penales y 463 víctimas indirectas estaban ingresadas al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (Spavt), según cifras de la Fiscalía General del Estado.

En la provincia de Guayas, hasta la fecha hay 448 personas protegidas, de las cuales 96 son menores de 11 años. Estos son los que se benefician de las salas lúdicas. El total de beneficiados son de 216 casos.

Cecilia Saltos, psicóloga del SPAVT, indicó que cuando un niño es víctima, por ejemplo, de agresiones sexuales, la interacción a su alrededor está enfocada en la violencia, inclusive a la hora de jugar.

El sistema brinda protección durante el proceso penal y mientras la vida de una de las partes esté en peligro. Esta asistencia es integral, es decir implica ámbitos como lo legal, económico, laboral, educativo, psicológico y de seguridad. En las 24 provincias del país existen unidades del sistema. Están equipadas con salas de entrevistas y oficinas para todas las especialidades (trabajo social, asesoría jurídica y en el área psicológica disponen de un espacio lúdico. Allí los niños víctimas de delitos, mediante el juego, pueden revelar lo que les sucedió).

En entrevistas anteriores, el fiscal Chiriboga precisó que las personas favorecidas por este sistema, a su vez, tienen la obligación de colaborar con el proceso penal, mantener en absoluta reserva y confidencialidad su situación de protegido y dar al personal del SPAVT toda la información. (I)