Como consecuencia del hallazgo de 558 osamentas de niños, adultos y ancianos, 8 militares retirados guatemaltecos se sentarán en el banquillo de los acusados en un juicio público por presunta desaparición forzada, según decidió el martes último un juzgado penal de ese país.

La jueza Claudette Domínguez aceptó las pruebas presentadas contra los sindicados en 88 masacres de indígenas durante la guerra civil de 1960-1996, sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz, dijo la vocera del Ministerio Público (Fiscalía), Julia Barrera.

La Fiscalía de Derechos Humanos sindica a estos militares retirados -capturados el 6 de enero- de los delitos de desaparición forzada y de lesa humanidad. Domínguez determinó que otros dos militares retirados -Ismael Segura Abularach y Gustavo Rosales García- quedarán en libertad debido a falta de pruebas.

Parte de la investigación de la Fiscalía se fundamenta en el descubrimiento, entre 2012 y 2015, de 558 osamentas de niños, adultos y ancianos en un antiguo campamento militar en Alta Verapaz, de los cuales 97 restos han sido identificados con pruebas de ADN.

El antiguo cuartel, ubicado en la ciudad de Cobán, fue convertido en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas (Creompaz). Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-82), cuya gestión es considerada una de las más oscuras durante el conflicto de 36 años.

La guerra interna guatemalteca dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó del 93% de los casos a las fuerzas del Estado. La mayoría de las masacres se registró en zonas indígenas asentadas en el altiplano occidental.

Casos de lesa humanidad en Ecuador

De 136 casos que se investigan en la Fiscalía, cerca de 70 son por delitos de lesa humanidad sucedidos entre 1984 y 1988. Los otros expedientes se enmarcan en graves violaciones a los derechos humanos, como ejemplo el proceso ‘González y otros’, iniciado por desaparición forzada.

De este grupo de casos se judicializó -después de 30 años- el proceso de lesa humanidad en el contexto de tortura, desaparición forzada y abuso sexual contra Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, quienes fueron detenidos arbitrariamente por militares en Esmeraldas, el 10 de noviembre de 1985.

Los tres sufrieron torturas físicas, sexuales y psicológicas. Incluso de uno de ellos borraron toda su información del Registro Civil y fue desaparecido de manera forzada. Habría ocurrido como parte de la represión estatal sucedida en Ecuador entre 1984 y 1988, durante el gobierno socialcristiano.

Estos delitos se adecúan como lesa humanidad. Por lo tanto, no prescriben, por eso se pueden investigar penalmente, aunque se hayan cometido hace muchos años. En este caso la Fiscalía logró que se llame a juicio a 8 procesados, 5 militares retirados que se encuentran en el país y los otros 3 están prófugos, entre ellos el excomandante de Policía, Édgar V., a quienes no se los puede juzgar en ausencia.

Por dos ocasiones resultó fallida la audiencia de juicio en el caso de lesa humanidad. El 9 de noviembre de 2015, la jueza Sylvia Sánchez, de la Corte Nacional de Justicia, dijo que no podía instalarse porque no se encontraba uno de los procesados, como lo establece el artículo 278 del Código de Procedimiento Penal. Hasta el momento no hay fecha prevista para la audiencia de juicio. (I)