Desde 2015, en Ecuador se erradicó el hacinamiento carcelario con la construcción de 3 Centros de Rehabilitación Regionales (CRS) con capacidad para cerca de 18.000 presos. Anteriormente, el porcentaje de sobrepoblación superaba el 58%. Otros países de la región no han erradicado esta problemática y buscan medidas drásticas como en Chile, donde el porcentaje llega a 70%; en ese país se concedió -a inicios de mes- la libertad a 1.461 presos.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, reiteró -la semana anterior- que no se ha superado la capacidad que tienen los recintos penitenciarios y que con la implementación de brazaletes o tobilleras electrónicos la cifra de personas privadas de la libertad (ppl) disminuirá.

La funcionaria sostuvo que esos dispositivos serán empleados desde este año. Siete empresas se encuentran interesadas en proveerlos y están en la segunda fase del concurso, en el que se presenta la propuesta económica. En la primera etapa cada postulante expuso la parte técnica de los instrumentos de rastreo; por ejemplo, la autonomía, peso, forma, ventajas, etc... además se realizaron pruebas desde los centros del Servicio de Seguridad Ciudadana ECU911.

Ecuador tiene la tasa de población penitenciaria más baja de la región, 147 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes. Le sigue Paraguay y Nicaragua. El promedio de Chile es de 248 (53.000 reclusos), poco menos que el de toda la región que es 259.

Más de 100 peligrosos

La justicia chilena liberó a más de 1.461 presos en las ciudades de Santiago, Valparaíso e Iquique, como solución a una sobrepoblación carcelaria. El Poder Judicial de ese país confirmó que se había otorgado el beneficio de libertad condicional a 568 presos de Santiago, 788 de Valparaíso (centro) y 105 de Iquique (norte).

El número de personas “puestas en libertad en una cárcel que se abrió, es grave”, sostuvo la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

En Santiago, los liberados corresponden al 32,1% de las solicitudes efectuadas. En Valparaíso (120 km al oeste de Santiago) se acogieron 788 peticiones de libertad condicional y se rechazaron 87. De acuerdo con la ministra de Justicia, normalmente en esa jurisdicción se otorgaban entre un 5% y un 10% de las peticiones.

Según medios chilenos, el director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, confirmó en la Comisión de Constitución del Senado que 109 reos de los 788 beneficiados con libertades condicionales en Valparaíso cumplían condenas por delitos de alta peligrosidad o eran reincidentes. Detalló que dos de ellos cumplían presidio perpetuo por homicidios calificados, uno por violación y otro por parricidio.

El vocero del Poder Judicial, Milton Juica, explicó que la medida se ajustó a las nuevas normativas sobre libertad condicional aprobadas en 2013, y que en todos los casos se ajustaron a los “criterios técnicos”.

“Esto es una función que se le otorgó a la justicia para dar una solución a la sobrepoblación carcelaria”, explicó Juica.

En 2012, en el gobierno de Sebastián Piñera, el Congreso chileno aprobó una ley de indulto general que benefició a unos 6.000 reos con penas menores, también para descongestionar el hacinamiento en las cárceles. Entre los beneficiados figuraban 1.066 extranjeros -la mitad de ellos bolivianos-, expulsados meses después a sus países de origen. El indulto excluyó a aquellos condenados por delitos de secuestro, violaciones y homicidios.

El Salvador y Panamá, los más elevados

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en un informe presentado en 2014, refiere que una de las causas de hacinamiento en las cárceles es el uso excesivo y largos períodos de detención preventiva. “La alta proporción de detenidos en prisión preventiva es un problema particularmente serio en África, América Latina y Asia del Sur, en donde, en algunos países, la proporción de personas en prisión preventiva alcanza el 70%-90%”.  Uno de los motivos clave de las altas tasas de prisión preventiva es la demora en el proceso judicial.

Los países con las tasas más elevadas de población penitenciaria en Latinoamérica son El Salvador, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Brasil; los cuales están sobre el promedio. En cárceles del primer país mencionado, como en La Esperanza, el número de presos asciende hasta el 600% de su capacidad.

Emergencia en Paraguay

El Gobierno de Paraguay declaró  a inicios de mayo el estado de emergencia en las cárceles debido al hacinamiento y el riesgo de fuga masiva a consecuencia del deplorable estado de la infraestructura, informó  el Ministerio de Justicia y Trabajo. “Hay una superpoblación de 6.428 reclusos. Paraguay cuenta actualmente con una población penitenciaria de unas 13.000 personas para una capacidad de apenas 6.643. El 80% de los presos están sin condena”,  dijo la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, al anunciar la medida.

77 cárceles superpobladas

Las cárceles mexicanas se encuentran sobrepobladas, algunas incluso hacinadas, con problemas de clasificación de presos y, en decenas de centros locales y estatales, también con problemas de autogobierno por parte de los internos, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un informe.

En total, 71 penales estatales tienen sobrepoblación y 6 centros federales, entre ellos la cárcel de máxima seguridad El Altiplano donde estaba recluido el capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y hay 1.018 presos, aunque solo haya capacidad para 836, según el informe del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015.

El informe se elaboró basado en la revisión de 21 centros federales, tres prisiones militares y 130 penales estatales, todos con problemas parecidos. (I)