La Fiscalía solicitó la declaración anticipada de 7 testigos protegidos

Arturo Jarrín fue drogado en Panamá y traído a Ecuador en estado de inconsciencia

- 01 de julio de 2016 - 00:00
Los hermanos de Arturo Jarrín acudieron a la Corte Nacional de Justicia, el 28 de abril cuando la jueza Silvia Sánchez dispuso la instrucción fiscal.
Foto: Mario Egas/El Telégrafo

El general Manuel Noriega, exgobernante de Panamá, dispuso la detención del exlíder de AVC por pedido del expresidente socialcristiano León Febres-Cordero. Hay 13 procesados en este caso.

Un exagente panameño, rindió una declaración anticipada, en calidad de testigo protegido, la tarde del miércoles último, dentro de las investigaciones para esclarecer la muerte de Arturo Jarrín, exdirigente del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), ocurrida en octubre de 1986.

Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, explicó que el declarante, era agente de inteligencia perteneciente a las Fuerzas de Defensa de Panamá, “él nos relató que recibió una orden del jefe del G-2 panameño, el coronel Bernardo Barrera, con una información relevante para la detención de Jarrín”, dijo.

El agente trajo un documento

El documento que entregó el oficial estaba un poco raído, explicó el fiscal, pero fue ingresado en la cadena de custodia para más adelante realizar las pericias necesarias. Allí se daban los detalles de cómo ubicar a la persona que llevaba el nombre supuesto con el cual había ingresado Jarrín a Panamá.

El testigo reiteró que Jarrín fue entregado con vida a representantes de la embajada del Ecuador en Panamá, concretamente hizo mención al agregado militar de ese entonces, —quien ya rindió su versión—, y que confirmó que él recibió al exactivista con vida, indicó Chiriboga.

Jarrín fue entregado vivo en el aeropuerto a 3 representantes del Gobierno ecuatoriano en Panamá, entre ellos el ex agregado militar en ese país, Rubén P., manifestó el exagente de inteligencia del G-2 de las Fuerzas de Defensa de Panamá, que detuvo a Arturo Jarrín en ese país, la noche del 24 de octubre de 1986.

Le inyectaron una sustancia roja

Al exintegrante de AVC, le aplicaron “una sustancia roja en los glúteos y quedó en un estado de inconsciencia, luego fue subido a un vehículo y trasladado al aeropuerto de ese país, reveló el testigo protegido de la Fiscalía.

Insistió que el general Manuel Antonio Noriega, exgobernante de Panamá, dispuso la detención de Jarrín a pedido del expresidente de Ecuador, León Febres-Cordero (fallecido). La orden fue impartida al Jefe del G-2, quien a su vez dispuso al exagente su localización y posterior captura de Jarrín.

Según Chiriboga, por información de inteligencia conocían los movimientos del hoy fallecido. Citó como ejemplo, las llamadas que efectuó de una cabina telefónica, las que  eran monitoreadas por los organismos de seguridad de ese país.

“El agente sabía que él iba a realizar una llamada a Nicaragua; llega a las cabinas y le pregunta al operador si alguna persona había solicitado una llamada para ese país centroamericano y le indican que era Jarrín. Al terminar de hablar, proceden a detenerlo”, dijo el funcionario.

Para Chiriboga existió una cooperación entre los gobiernos de Panamá y Ecuador en este caso. “Porque no se explica de otra manera la directa participación del general Noriega. El testigo protegido decía que en Panamá no se movía un papel sin que el general Noriega no lo autorizara o supiera”.

La versión del agente permitió determinar que las actividades de  personas vinculadas a organizaciones de izquierda en Panamá, procedentes de Colombia y Perú, eran conocidas por el gobierno de ese país.

Se presentó una versión distinta

Ante la posición de ciertos sectores políticos que cuestionan que actualmente salgan a la luz, una serie de casos de violación a los derechos humanos y se judicialicen, el Fiscal del Estado recordó que los hechos se registraron hace 30 años y se mostraron de una manera distinta a como en realidad ocurrieron.

“Los relatos son fruto de nuestras investigaciones desde hace 4 años. La información y los hechos se procesan cuando se dan, no tienen relación con un entorno político, manifestó Chiriboga.

“Lo que sí me parece cierto es que el dominio político de esa época hacía cosas extrañas como mentirle al país, al decir que Arturo Jarrín fue ejecutado en un enfrentamiento con la Policía, cuando eso es evidentemente falso, afirmó.

“Es falso, porque Jarrín huyó del Ex-Penal García Moreno, y por lo tanto estaba sometido a un proceso penal. Si fugó y se refugió en Panamá, lo razonable era que las fuerzas de seguridad, que conocían de su situación jurídica, lo deporten y entreguen a las autoridades judiciales del Ecuador”, expresó.

Este fue el sexto testigo protegido que rindió su testimonio ante la jueza nacional Silvia Sánchez, en el caso que investiga la muerte del exintegrante de AVC.

Ejecución extrajudicial

La Fiscalía sostiene que Jarrín no falleció por un enfrentamiento con la Policía, sino que fue torturado y ejecutado extrajudicialmente.

En septiembre de 1986, el militante de AVC estaba en la clandestinidad y tenía previsto viajar a Europa. Su periplo inició a través de Colombia, de ahí fue a Panamá, seguiría por Holanda y luego Serbia.

El 7 de octubre arribó a Panamá, donde permaneció hasta el 24 de ese mes, fecha en la que fue detenido cuando realizaba llamadas telefónicas. Al llegar a Quito, Arturo Jarrín fue trasladado a ‘La Remonta’, en Tambillo. Allí fue torturado, según reveló la autopsia.

La Fiscalía señala que finalmente fue ejecutado extrajudicialmente en el sector de Carcelén, al norte de la capital, el 26 de octubre de 1986. Debido a este suceso 13 personas están procesadas.

Se acusa a los implicados de una presunta detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial, lo que en contexto constituye un crimen de lesa humanidad. (I)

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Noventa días de investigaciones

El caso se halla en la fase de instrucción fiscal

Dentro de las investigaciones que realiza la Fiscalía para determinar responsabilidades penales en torno a la muerte de Arturo Jarrín, exintegrante del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), registrada en octubre de 1986, dos testigos protegidos rindieron su testimonio anticipado el 15 de junio de 2016.

Uno de ellos confirmó que Jarrín llegó con vida desde Panamá a la Base de la Fuerza Aérea de Quito y fue recibido por el entonces ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza; su asesor, Gustavo Lemus, involucrado por la Comisión de la Verdad en supuestas violaciones a derechos humanos; el jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales, (UIES), Édgar V., y otros agentes.

El testigo protegido reveló que Eduardo Z., exoficial de la UIES y responsable de traer a Arturo Jarrín desde Panamá, amenazó con un arma de dotación al piloto de la aeroambulancia porque este se habría negado a conducirlos hasta Ecuador, al considerar que se trasladaba a una persona cuyo estado era de secuestro.

Una caravana de 3 vehículos trasladó a Jarrín hasta ‘La Remonta’ en donde funcionaban las caballerizas de la Policía Nacional, en el sector de Tambillo. Allí fue torturado, según lo reveló la autopsia.

La Fiscalía señala que Jarrín  fue ejecutado extrajudicialmente en Carcelén, norte de la capital, la noche del 26 de octubre de 1986.

En aquella época, la Policía Nacional y las autoridades de Gobierno indicaron que Jarrín falleció durante un enfrentamiento con miembros policiales que patrullaban casualmente por Carcelén, norte de Quito.

El 28 de junio de 2016, los jueces nacionales Jorge Blum, Luis Enríquez y Miguel Jurado ratificaron, en forma unánime, la orden de prisión preventiva en contra de Édgar V. y Hólger S., dos de los 13 procesados por su presunta participación en la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial, en el contexto de un crimen de lesa humanidad del dirigente del grupo AVC.

El 28 de abril de 2016, Silvia Sánchez, jueza de la Corte Nacional de Justicia, (CNJ), ordenó la instrucción fiscal contra 13 personas que estarían involucradas. La magistrada dictó prisión preventiva contra 3 de los procesados, mientras que para los otros 10 dispuso la obligación de presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida del país.

Desde esa fecha, se abrió  la instrucción fiscal por 90 días con el objetivo de recabar pruebas suficientes para emitir, en la audiencia de valoración y preparatoria de juicio, el dictamen sobre los procesados.

En caso de existir nuevas personas vinculadas con el proceso, la investigación puede extenderse hasta 30 días. (I)

ESCUCHE LA ENTREVISTA AL FISCAL GALO CHIRIBOGA SOBRE EL CASO JARRÍN

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