Vocal del Consejo de la Judicatura denuncia amenazas por su labor

- 19 de diciembre de 2018 - 13:10
En rueda de prensa, la vocal Angélica Porras se refirió a las amenazas que recibió ella y los integrantes de la Mesa por la Verdad y la Justicia.
Foto: Twitter

La vocal del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Angélica Porras, informó este miércoles 19 de diciembre que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Estado por haber recibido, presuntamente, amenazas por la labor que ejerce en la Mesa por la Verdad y la Justicia.

Esta organización independiente ecuatoriana solicitó el martes al Consejo de la Judicatura, órgano rector de la justicia en Ecuador, que investigara la actuación de 495 jueces y fiscales supuestamente involucrados en casos de persecución política, entre ellos catorce jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) del país andino.

En una rueda de prensa, Porras anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ecuador para que inicie las investigaciones "de inmediato", y aseguró que no pararán en el trabajo que vienen realizando.

"El objetivo de estas amenazas es frenar nuestro trabajo, pero nosotros continuaremos presentando los informes de la Mesa por la Verdad y la Justicia", explicó para luego añadir que las amenazas comenzaron el 11 de diciembre.

Por su parte, el presidente de la organización, Paúl Jácome, agradeció el apoyo de la vocal y solicitó mayor seguridad para poder continuar con el trabajo sin inconvenientes.

"La Mesa por la Verdad y la Justicia está topando intereses ocultos de personas con poder, por ello fuimos amenazados. Llamamos a la ciudadanía a estar vigilantes", concluyó.

El pasado 10 de diciembre, la denominada Mesa por la Verdad y Justicia hizo público un informe sobre la situación de perseguidos políticos en Ecuador entre 2007 y 2017, años en que gobernó el expresidente Rafael Correa.

Hasta la fecha la organización ha identificado irregularidades en el debido proceso por parte de altos jueces, fiscales, juristas de cortes provinciales y de primera instancia, así como en tribunales penales y agentes fiscales, en causas que consideran objeto de persecución política. (I)

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