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El Telégrafo
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Unión Constructora tenía $ 3,5 millones en 2011

Unión Constructora tenía $ 3,5 millones en 2011
21 de enero de 2013 - 00:00

Hace más de  15 días que se desconoce el paradero de Yadira Torres Carvajal y su esposo Javier Pachacama Pérez,  propietarios de la inmobiliaria Unión Constructora, que funcionaba en el norte de Quito. Diariamente cientos de perjudicados  continúan  llegando a la Fiscalía Distrital para interponer más demandas por el presunto delito de estafa.

En días pasados Camilo Valdivieso,   superintendente de Compañías de Quito, manifestó que la empresa -constituida en septiembre del 2007- tiene 2 accionistas y un  capital de 800 dólares. En torno a la  actividad que  realizaba y a los incumplimientos de contratos, la entidad   solicitó  a la inmobiliaria la información necesaria para elaborar un informe completo sobre su situación contable, pero hasta el momento no ha    entregado los datos  requeridos.

También se desconoce el  inventario de los proyectos inmobiliarios,  el número de clientes y el tamaño de los negocios desarrollados por la compañía, que también operaba en Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas.

  Valdivieso señaló que  interpondrán nuevas acciones para iniciar un proceso liquidatorio de  la  empresa, aunque anotó que no tiene competencia para intervenir en  los  convenios o acuerdos privados celebrados entre la compañía y sus clientes.

“No sabemos qué respaldo patrimonial existe para hacer frente a los pasivos, es decir, a las deudas. El último reporte a  diciembre de 2011 revela que los activos  de   Unión Constructora eran en promedio de   tres millones y medio de dólares”, indicó  Valdiviezo, pero ahora la deuda con sus clientes superaría los cinco millones. Y  aclaró que   la responsabilidad de los  accionistas no va más allá de su  participación en el capital de la compañía. 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), por el ejercicio fiscal 2008, 2009 y 2011 la inmobiliaria pagó     22.156,34  dólares por impuesto a la renta, mientras que en los años 2007 y 2010 declaró  en cero.

El gerente de la empresa, Javier Pachacama,    desde 2007  cuando se constituyó la compañía, siempre    declaró en cero el impuesto a la renta, pese a que en el  registro del  impuesto predial del Municipio de Quito él consta como propietario  de varios terrenos en distintos sectores de la ciudad, que están  avaluados entre  17 mil y 40 mil dólares.

Además costeaba un servicio de seguridad privada, cuyos guardaespaldas ahora lo denuncian por el incumplimiento de sus haberes.

El 7 de enero pasado Pachacama habría informado a  sus clientes que la inmobiliaria cambiaría de nombre, por algunos inconvenientes, pero que  continuaría trabajando. 

William Aguaguiña, abogado de los perjudicados por la inmobiliaria, entre quienes también está él, señaló que los contratos de compra y venta celebrados entre Unión Constructora y  sus clientes carecerían de validez, pues no poseen  la  autorización municipal que exige el Código de Organización Territorial.

Se conoce que los terrenos  donde supuestamente se construirían los   conjuntos habitacionales no eran de Pachacama, de modo que los representantes de la empresa habrían cometido una  estafa, según el artículo 563 del Código Penal, con el agravante de haber causado conmoción social. 

Aguaguiña también dijo que  pese a la cláusula de mediación y arbitraje a través de la Cámara de Comercio de Quito  que consta en los contratos de compra-venta,   sí es posible iniciar una demanda penal, porque en   los documentos no se hizo  un reconocimiento de firmas de las  partes y tampoco consta  la  rúbrica del notario, de modo que esos documentos carecerían de validez jurídica. 

Los montos que los perjudicados entregaron por la compra de viviendas  que nunca fueron entregadas oscilan  entre los 1.000  y 40.000 mil dólares, por lo que el abogado solicitó  la detención de los implicados con fines investigativos  y como actos urgentes la verificación de todos los bienes  e inversiones en entidades financieras que posea la empresa y sus representantes.

 Los afectados también increpan a las autoridades por la falta de control a las   inmobiliarias, pues  la publicidad de Unión Constructora aparecía en varios medios de comunicación  y    además era auspiciante de un programa de televisión, de una  cadena de restaurantes  y de dos equipos de fútbol. “Eso nos hizo creer que la empresa tenía solvencia económica y  que era seria”, se lamenta  Aguaguiña. 

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