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En febrero del próximo año se aplicaría en el país, De acuerdo a lo programado

Un protocolo para escuchar a niños víctimas de abuso sexual se alista

Autoridades de la Unicef, Ministerio de Educación y Fiscalía General, hicieron el anuncio oficial ayer en Quito.
Autoridades de la Unicef, Ministerio de Educación y Fiscalía General, hicieron el anuncio oficial ayer en Quito.
Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO
25 de octubre de 2017 - 00:00 - Redacción Justicia

Con el propósito de evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual y para que sus testimonios sean rendidos en las mejores condiciones y bajo una misma modalidad, la Fiscalía General del Estado, con apoyo de Unicef, trabaja en el diseño de un protocolo de escucha especializada.

Para este propósito, desde el mes de agosto se realiza un proceso de capacitación a funcionarios públicos de la Fiscalía, Consejo de la Judicatura, ministerios de Educación, Salud, Justicia, Inclusión Económica y Social y del Interior, de la Dinapen, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, ECU-911, Asamblea y organizaciones que trabajan con niños.

Hasta el momento 40 funcionarios fueron capacitados y hasta diciembre serán 120, por lo que desde febrero, en que estará listo el protocolo en el que se trabaja de manera simultánea, será aplicado en el país, informó la directora de Política Criminal de la Fiscalía, Carla Suárez.

El protocolo en el que se trabaja, agregó, apunta a que se realice una sola entrevista oficial en el caso de investigaciones con niños, ya que, según expertos, la debilidad en la coordinación entre las instancias puede generar múltiples entrevistas, las cuales pueden ser reiterativas o ser realizadas por distintos entrevistadores.  

“Esto no es recomendable, ya que puede aumentar la angustia del niño y su percepción de que la investigación le es perjudicial, así como generar inconsistencias en el testimonio”, advirtió.

Suárez precisó que el protocolo incluye el modelo de la entrevista forense que realizan los psicólogos de la Fiscalía a las víctimas y que tiene factores como la estructura, el lugar y momento por ser realizada, los participantes, la forma de registrarla, la duración, las estrategias para la formulación de las preguntas, el uso de materiales de apoyo, entre otros aspectos.

El protocolo de escucha especializada permite darle valor a la palabra del niño y tomarla en cuenta en el proceso judicial, dijo de su lado el experto brasileño y capacitador Benito Dos Santos.

Agregó que esto es crucial porque en los casos de abuso sexual, en la mayoría, los únicos testigos son la víctima y el abusador, y el niño está claramente en desventaja por su condición vulnerable.  

Una buena entrevista, donde el niño se siente tranquilo y cómodo, permite esclarecer los hechos sobre la base del respeto al menor. Esto ayuda no solo al niño a recuperarse de una manera más rápida, sino que evita que el testimonio sea manipulado y sufra más, manifestó.

El ministro de Educación, Fander Falconí, destacó la importancia de construir con todos los actores el protocolo para asegurar una adecuada articulación entre las partes y evitar duplicidad de acciones, al tiempo de revelar que hasta ayer el Ministerio tenía como dato oficial 822 denuncias de casos de abuso sexual escolar entre 2014 y 2017.

Saludó el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, de cero tolerancia a este tipo de delito, “es el momento de limpiar la basura del país”, remarcó.

El representante de la Unicef en el Ecuador, Joaquín González, destacó la importancia de la tarea emprendida “porque es fundamental  que se dé valor a la palabra de los niños que han sido víctimas, porque es esa la prueba principal que puede llevar al abusador a la justicia”. (I)

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El plan ‘Mi colegio en buenas manos’ prevendrá la integridad de estudiantes

Ante las múltiples denuncias de abuso sexual del que son víctimas los estudiantes por sus profesores en las unidades educativas de Guayaquil, el gobernador de Guayas, José Francisco Cevallos, rechazó este tipo de agresión a menores.

Sostuvo que los culpables tendrán todo el peso de la ley. “No vamos a solapar ni a ocultar nada, contrarrestaremos estos casos con la colaboración de la ciudadanía y a través de campañas preventivas propuestas por el Ministerio de Educación”.

Esto se llevará de la mano con algunas medidas del plan ‘Mi colegio en buenas manos’, cuyo eje principal es controlar el microtráfico dentro y fuera de los centros educativos, indicó.

“Este proyecto integral hará una articulación con todas las instituciones para tener garantías de que alrededor y al interior de los establecimientos educativos no haya anomalías con drogas”, manifestó.

El plan tendrá el acompañamiento de los padres de familia. Para ello se formará una estructura preventiva y propondrá que haya sanciones severas en este tipo de delitos.

Señaló que se colocarán nuevas cámaras de seguridad en el entorno de los planteles; y los policías efectuarán operativos. La primera fase de este plan se iniciará en 20 unidades educativas que fueron seleccionadas luego de un estudio en diferentes zonas de Guayaquil. (I)

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Padres y maestros serán convocados por la Defensoría

El cumplimiento de los protocolos y las normativas de prevención e investigación de los casos de abusos sexuales y maltratos en el sistema educativo nacional motivó ayer, en Guayaquil, una reunión del defensor del Pueblo de la Zona 8, Franklin Zambrano Loor, con representantes de los ministerios de Educación y Salud, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y juntas y consejos cantonales de Protección Integral de Derechos.

Zambrano no desconoció el matiz político que se quiere dar al problema de abusos sexuales en escuelas y colegios, y propuso un trato integral de los casos. “La normativa y los protocolos están ahí, y nos preguntamos por qué no se cumplieron oportunamente”, dijo el defensor del Pueblo zonal. La autoridad se comprometió a analizar normas internas o institucionales que impedían que las denuncias sean conocidas por las autoridades judiciales.

Zambrano dijo creer en la necesidad de implementar un sistema de puertas abiertas en los planteles, donde los padres se comprometan y ayuden en el bienestar de sus hijos. Por este motivo, en los próximos días las defensorías del Pueblo a nivel nacional se reunirán con maestros, padres de familia y niños para conocer desde sus perspectivas lo que sucede y cómo solucionarlo.

En tanto, el fiscal César Peña, quien indaga los abusos sexuales en la Unidad Educativa réplica Aguirre Abad, ratificó que ante cualquier delito los testigos deben denunciar el hecho a la Fiscalía.

El secretario ejecutivo del Consejo cantonal de protección de Derechos de Guayaquil, José Portugal, también calificó de importante que las instituciones involucradas en el bienestar de la niñez se reúnan para construir una ruta de protección frente a casos de abusos y maltratos. Portugal reveló que desde 2012 registra alrededor de 2.000 casos de maltratos a menores de edad, a los cuales se les ha dado el seguimiento respectivo una vez que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.

Sin embargo, criticó que el actual protocolo, elaborado en 2012 por el Ministerio de Educación, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, no contó con la participación de ellos y de actores directos, como la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de la Policía y el Ministerio de Justicia.

“Lastimosamente, la normativa aprobada en el tema educativo permite que estos casos de abuso sexual no salgan a la luz pública y se queden dentro de los planteles, generando protección para los docentes infractores y no para los menores abusados, lo cual provocó una especie de espíritu de cuerpo... derivar todas las denuncias al Distrito de Educación los convirtió en juez y parte de una situación delicada”. (I)

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