Vivian tenía 15 años cuando recibió un disparo en el tórax mientras observaba una exhibición de maniobras policiales desde la tribuna de un estadio.

El autor, un sargento del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), fue sentenciado a ocho meses de privación de libertad y pagar una reparación de $ 20.000.

La audiencia se prolongó más de una semana en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas y culminó el martes.

Óscar Vicente R.R. fue procesado por homicidio culposo por mala práctica profesional tipificada en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El delito es sancionado con una pena de entre uno y tres años. Si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas la pena puede alcanzar hasta los cinco años de privación de la libertad, consta en la normativa.

Adicionalmente como responsables solidarios tanto la Prefectura como la Policía Nacional deberán también indemnizar a la familia de la víctima con la cantidad de $ 100.000 cada una.

El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2016 en un evento organizado por la Policía Nacional como parte de las festividades de la provincia.

Fue en el estadio Olímpico Etho Vega, ella estaba sentada con sus familiares cuando fue herida por un proyectil que salió del arma de un agente del GIR, que mostraba a los espectadores cómo actuar en detenciones, desarmes y defensa personal.

En entrevista con Diario Centro, Fausto Luzuriaga, padre de Vivian, dijo que muchas cosas debieron investigarse profundamente, incluso duda de que el policía sentenciado sea quien accionó el disparo que mató a su hija.

“Tenemos nuestra versión de lo que pasó, pero lamentablemente no somos ni jueces ni fiscales para actuar en el caso”, enfatizó el progenitor.

Recuerda el dolor que le causó al escuchar a un policía decir que llevó a su hija al hospital cuando no fue cierto, porque -aseguró- no la ayudaron, sino que él corría desesperado con Vivian en brazos rogándole que resistiera.

Como familia presentó en el Tribunal Contencioso Administrativo otras acciones en contra de los organizadores del evento.

En el proceso se investigó a siete policías y ocho funcionarios del Gobierno Provincial y otras dependencias.

Todos fueron desestimados por los jueces y solo Vicente R.R. fue llevado a juicio y condenado por la muerte de la menor. (I)