Tribunal dará resolución sobre apelación a fallo de caso Capaya mañana

02 de julio 00:00
La diligencia judicial se efectuó en la Corte Provincial de Pichincha, con la presencia de las partes procesales de la Fiscalía y de los sentenciados.
Foto: Fiscalía General del Estado
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A la cuarta es la vencida. Así pasó en la instalación de la audiencia de apelación a la sentencia por el delito de peculado en el caso Refinería de Esmeraldas.

Carlos P. Y. (Capaya) y Jorge V., sentenciados a 10 años de privación de la libertad como autores del delito de peculado, presentaron el recurso de apelación con la esperanza de una rebaja de la pena.

La mañana de ayer en la Corte Provincial de Pichincha se reinstaló la diligencia judicial. Luego de los alegatos y argumentos de las partes procesales, el tribunal indicó que el miércoles, a las 16:00, emitirán su resolución respeto al recurso de apelación.

Según la Fiscalía, el 14 de octubre de 2014 el gerente de refinación, Carlos Quinde Alejandro, solicita al gerente de refinación, Carlos P. Y., la implementación del servicio de recuperación de condensados en la Refinería de Esmeraldas.

En noviembre de ese año se nombra una comisión técnica, integrada por Juan Carlos Rodríguez, David Valarezo y Erick Lagchililn Zuleta, para que evalúe las ofertas de las empresas.

El 8 de diciembre de 2014 presenta las ofertas Jorge Patricio Vivar Quinteros por el valor de $ 27’115.944,38.

La empresa Worley Parsons, encargada de la fiscalización de los contratos, el 9 de diciembre dio el visto bueno a la empresa de Vivar, y se adjudicó el contrato de condensados de la Refinería de Esmeraldas por el monto ofertado. Pese a que había una diferencia, la oferta era hasta ese momento atractiva para Petroecuador.

Sin embargo, la Contraloría identifica que hay un déficit de más de $ 1 millón, y se advierte que aumentan las multas a $ 3 millones, las que no fueron aplicadas en la presentación de diciembre por Vivar. Hubo irregularidades.

Por ello se dictó la culpabilidad de Carlos P. Y. en calidad de funcionario público y Vivar como contratista de la E.P. Petroecuador.

Además de la condena, los sentenciados deberán cancelar la suma de 40 salarios básicos unificados que equivalen a $ 15.760. (I)