El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció este viernes a 16 años de reclusión mayor al expolicía Mario C. por el delito de asesinato bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, en el caso González y otros.

Por decisión unánime, los jueces Silvia Sánchez, Gladys Terán y Richard Villagómez le declararon culpable de la muerte de José Cañar, una de las 8 víctimas del operativo policial en la farmacia Fybeca del norte de Guayaquil, el 19 de noviembre de 2003.

En tanto que para Aurelio Ch. el tribunal determinó una sentencia de 2 años de prisión en calidad de cómplice, pero por el principio de favorabilidad, ya que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ese delito fue eliminado, se dispuso su inmediata libertad.  Sobre esta decisión, la jueza Gladys Terán salvó su voto, por considerar que el sentenciado debería cumplir la pena al tratarse de un delito de ejecución extrajudicial.

El Tribunal también decidió que exista una reparación integral desde el Estado hacia las víctimas. La forma se conocerá en la sentencia por escrito en los próximos días.

Con la sentencia en este caso, la justicia ecuatoriana marca un precedente jurisprudencial a escala regional. Pues el Tribunal declaró que el auto de sobreseimiento dictado por la Corte Policial, que resolvió el caso Fybeca, dejándolo en la impunidad y lo que constituye cosa juzgada fraudulenta.

Al respecto, el fiscal General, Galo Chiriboga, dijo que "por la forma cómo se dieron los hechos, el caso jamás debió ser juzgado por una corte policial".

En la audiencia, la catedrática María Helena Carbonell, con su testimonio, ratificó la teoría de la Fiscalía de que no existe cosa juzgada, porque en este caso se incumplieron estándares internacionales.

Al año siguiente de los sucesos, una Corte Penal Policial sobreseyó a 32 procesados, a pesar de toda evidencia de mal procedimiento de los uniformados y uso irracional de la fuerza y de armas.

Al igual que en la audiencia de juzgamiento de noviembre del 2014, en la que se sentenció a otros acusados, la Fiscalía sustentó sus alegatos en pericias técnicas realizadas por peritos extranjeros y en los testimonios.

Ayer, el perito Willian Quinapallo, en su testimonio, dijo que la pericia ocular evidenció que hubo una "alteración de la escena", luego del operativo policial en una farmacia al norte de Guayaquil. Allí hubo 8 personas muertas, el 19 de noviembre de 2003.

Ante los jueces, el perito de Criminalística indicó que en el lugar de los hechos se encontraron 13 indicios balísticos, 2 granadas, gorras y celulares.

Quinapallo también afirmó que no hubo proporcionalidad entre el número de armas con proyectiles y vainas encontradas.

En el caso González y otros suman 12 sentenciados, 6 de los cuales recibieron 16 años de reclusión mayor.

El caso todavía no se cierra, ya que aún existen presuntos responsables que están prófugos, entre ellos Eduardo René G., quien lideró el operativo policial en la farmacia, y ahora se encuentra en Estados Unidos.

También falta por juzgarse a los policías Webster H., Walter C., Sergio G. y Samuel C., quienes supuestamente integraban el equipo de inteligencia policial, dirigido por Eduardo René G., y son acusados de modificar la escena del crimen y de ejecutar a las víctimas con disparos por la espalda, mientras se encontraban sometidas en el piso. (I)