El proceso judicial contra el exgerente de Petroecuador, Álex B., apenas empezó. La jueza Fátima Llundo ordenó 90 días de prisión preventiva contra el exfuncionario como parte de las investigaciones por el delito de tráfico de influencias. De ser hallado culpable enfrentaría una pena de hasta 5 años.

El procesado permanecerá en el Centro de Rehabilitación número 4, ubicado en el sector de El Condado, norte de Quito. En esta prisión se encuentran recluidos, principalmente, exmiembros de la Policía Nacional. Álex B. fue destinado allí por petición de su abogado, Víctor Manuel Andrade, con el fin de precautelar su integridad.

Además del tiempo encarcelado, Llundo instruyó el congelamiento de las cuentas bancarias del imputado y la prohibición de enajenar sus bienes. La audiencia de formulación de cargos se realizó la noche del lunes. En ella estuvieron presentes funcionarios de la Presidencia de la República y del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Mientras se desarrollaba la diligencia, al edificio de la Unidad de Flagrancias de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, junto al director del SRI, Leonardo Orlando, quienes horas antes brindaron información respecto a las investigaciones sobre el exfuncionario.     

Álex B. fue detenido la mañana del lunes en su domicilio, situado en Tumbaco, en medio del allanamiento efectuado por miembros de la Fiscalía y de la Policía. En el sitio se incautaron documentos, seis teléfonos celulares, una tablet y una computadora portátil.

Las supuestas irregularidades cometidas por el imputado están relacionadas con al menos tres empresas: Multiservicios Valdi S.A., MMR Group In y Nolimit C.A., que fueron proveedoras de Petroecuador con más de 100 contratos.

“No se ha hecho una suma de qué cantidad de dinero fue adjudicada en los contratos de estas empresas”, dijo el fiscal de delitos contra la Administración Pública, Franklin Bravo -a cargo del caso-, aclarando que la cifra precisa se conocerá al término de la instrucción fiscal, cuando se emita un dictamen.

De las indagaciones preliminares se desprende que la gerencia de la petrolera estatal suscribió en 2014  un contrato por $ 44’709.006,81. Y eso es solo uno de tantos contratos con Nolimit C.A.

La investigación surge a raíz de la denuncia hecha por el actual gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde. Las autoridades encontraron que en estas compañías figuran familiares del exgerente -incluso su padrastro-, ya sea como representantes legales, accionistas, directores o como trabajadores comunes.

Esto fue confirmado con los certificados de afiliación a la Seguridad Social para corroborar la relación laboral de los familiares de Álex B. con las empresas que contrataron con la estatal, indicó la Fiscalía en un comunicado.   

Pero, ¿dónde está el problema? El fiscal Franklin Bravo  explicó que la situación se produce cuando Álex B. es nombrado miembro de la Comisión Técnica de Contratación -para ejecutar procesos de contratación bajo procedimiento de Régimen Especial por giro específico de negocio-, y en lugar de manifestar conflicto de intereses, porque en una (o varias) de las empresas oferentes laboran familiares suyos, se abstiene de hacerlo y emite informes favorables que recomendaban la contratación de esa sociedad.

Esa acción es por la que, se presume, existió tráfico de influencias en beneficio de las compañías de sus familiares.  

La Fiscalía supone que las acciones de Álex B. habrían apuntado a utilizar el patrimonio y los recursos de Petroecuador, a favor de terceros relacionados con él por vínculos familiares y de amistad.

El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) expresa que “las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.

Álex B. laboró por casi una década en la petrolera. Desde su ingreso, el 1 de junio de 2006, ocupó varios cargos hasta convertirse en Gerente General del 18 de diciembre de 2015 hasta el 14 de abril de 2016. En ese tiempo se desempeñó como Gerente General subrogante, Gerente de Logística y Abastecimientos de Petroecuador, Director del Programa de Rehabilitación de Refinería Esmeraldas, entre otros.

Su ascenso guarda una extraña coincidencia con la importante evolución financiera de las tres compañías, en los cerca de 10 años que el exfuncionario estuvo en la petrolera ecuatoriana.

El fiscal Bravo dijo que las empresas muestran “un considerable crecimiento económico que coincide con su permanencia (de Álex B.) en funciones”.

La Fiscalía determinó que el imputado participó, durante su gestión, en procesos precontractuales y actos administrativos que están ligados de manera directa a las empresas en las que trabajan sus familiares. Multiservicios Valdi, S. A. se habría beneficiado de aproximadamente 85 contratos, mientras que con Nolimit C.A serían 57, uno de ellos con la Refinería Estatal de Esmeraldas. El tercer grupo ha sido proveedor de Petroecuador entre 2014 y 2016 por montos superiores a los $ 85 millones.

En la compañía Nolimit C.A. trabaja Tatiana Estefanía Rueda Panchano, hermana materna de Álex B., e hija de Iván Rueda -padrastro del imputado-, quien también labora en Nolimit y, según la Fiscalía, “sería director de empresas constituidas en Panamá a nombre de Álex B.”.

Cuando el exgerente dejó su cargo argumentó “razones familiares”; sin embargo, el pasado 10 de mayo, el presidente de la República, Rafael Correa, dijo que fue “destituido” apenas se conoció de su relación con compañías offshore.

Entonces el Mandatario dijo “que investiguen lo que sea. Nos hacen un favor. Yo estoy indignado al saber que un funcionario público -que además fue por muy corto tiempo, dicho sea de paso- tenga empresas offshore, no sé si ha sido legal o ilegal”. Seis días atrás, Álex B. confirmó, en una entrevista televisiva, haber creado cinco empresas offshore en Panamá. “Eso no es ni ético, ni ilegal, ni moralmente no válido. Eso está en una Constitución y tú puedes crearla”, aseguró.

Negó afirmaciones del Presidente sobre su salida de Petroecuador, respondiendo que “no era ético ni moralmente que continuara en la empresa y sirviendo al Gobierno, (mientras) yo (estoy) involucrado en los problemas de los Panamá Papers”.

Uno de los argumentos con los que el abogado Andrade trató de liberar de acusaciones a su cliente fue que la máxima autoridad de la petrolera es quien finalmente decide acoger o no las recomendaciones del Comité Técnico. Y que las denuncias contra su defendido lo describen como si hubiera ocupado, al mismo tiempo, todos los cargos de toma de decisiones.

Más cargos se analizan

Después de finalizada la audiencia, a las 23:55, Alexis Mera manifestó que la “justicia le ha dado la razón” a la denuncia presentada por el director del SRI, estableciendo que existen indicios de cometimiento del delito de tráfico de influencias y que Álex B. “sería el autor de dichos delitos”.

Mera no descarta que durante los 90 días que dura la instrucción fiscal se descubran más nombres de personas involucradas e indicios de más actos de corrupción por parte de Álex B.

Pero las sospechas sobre la legalidad de los actos del imputado van más allá. Las autoridades analizan presentar nuevos cargos. El Secretario Jurídico habló de un posible delito de cohecho.

Una denuncia apuntaría al exgerente como beneficiario de pagos recibidos en el exterior por contratistas petroleros. Mera ha solicitado la colaboración de las autoridades de Panamá para la investigación.

Previamente, Leonardo Orlando detalló que han observado comportamiento irregular en empresas nacionales y extranjeras que tienen contratos con Petroecuador. A más de tráfico de influencias, existen indicios de una posible defraudación tributaria. (I)

DATOS

La jueza de la Unidad de Flagrancia, Fátima Llundo, también ordenó la retención de cuentas del exgerente de Petroecuador y la prohibición de vender sus bienes.

El exfuncionario de la estatal petrolera fue detenido como parte de las investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias para beneficiar a sus familiares de millonarios contratos con el Estado.

La audiencia de formulación de cargos en contra de Álex B. se dio la noche del lunes pasado, la misma que se prolongó hasta las 23:50, tras lo cual se dictaminó la prisión preventiva por 90 días contra el implicado.

El fiscal a cargo del caso, Franklin Bravo, indicó que se han detectado irregularidades en los contratos con al menos tres empresas.