Por unanimidad el Tribunal Penal, integrado por los jueces Paola Logroño (ponente), Fanny Altamirano y Stalin Palacios, sentenció a tres años de cárcel, una multa de 10 salarios básicos unificados y una reparación integral de $ 506.000 a Marcelo E., esposo de la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol L.

Tras una hora y media de deliberación, el sentenciado fue hallado culpable del delito de enriquecimiento privado no justificado, que es penado con cárcel de 3 a 5 años, anunció la jueza ponente.

Como parte de las pruebas de la defensa, ayer en el segundo día de audiencia de juzgamiento, el procesado rindió su testimonio vía teleconferencia desde el centro de reclusión, y explicó en detalle los ingresos y patrimonio obtenido, los cuales aparentemente son legales y transparentes.

No obstante, la fiscal del caso, Ruth Amoroso, reiteró haber probado la autoría directa de un supuesto enriquecimiento privado no justificado de Marcelo E., con el informe emitido por la Contraloría General del Estado, en donde se establecen indicios de responsabilidad penal en contra de su esposa, María Sol L., exdirectora del hospital Carlos Andrade Marín, excoordinadora general del IESS y exasesora del Ministerio de Industrias, desde 2010 hasta 2015.

Explicó que se realizó un análisis del patrimonio de la sociedad conyugal del procesado con Larrea, que llegaría a los $ 2’000.000, y que por los reportes del SRI y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se estableció que existe el manejo de sumas cuantiosas de dinero.

Pero en el caso particular de Marcelo E., entre 2015 y 2016 tuvo $ 506.000 de ingresos no justificados, ya que no se conoce la procedencia de esos recursos y reveló que el procesado tiene $ 95.000 en cuentas en el extranjero.

Gustavo García, abogado de Marcelo E., manifestó que apelará la sentencia y que en la instancia mayor “se harán valer las observaciones respecto a los hechos”.

García señaló que para el fallo se tomó en cuenta un informe pericial, en el que no consta el reporte sobre el patrimonio de su cliente de 2015 y 2016, según indica la ley. (I)