El caso ‘González y Otros’ entra en una nueva fase

Testigo ubicado por la Fiscalía alteró la vida de las familias de 4 desaparecidos

- 27 de junio de 2016 - 00:00
Las acciones de protesta por parte de los familiares de los desaparecidos no se han detenido desde los hechos. Dolores Guerra y su hijo (foto) juntos en un plantón.
karly Torres / el telégrafo

La audiencia de formulación de cargos para determinar la responsabilidad de los implicados en el delito de desaparición forzosa se realizará hoy en la Corte Nacional de Justicia.

El 19 de noviembre de 2003, alrededor de las 06:45, Johnny Elías Gómez Balda en su vehículo Chevrolet Swift, color negro, recogió a su amigo César Augusto Mata Valenzuela, en su casa, situada en las calles Esmeraldas y Callejón Parra, en el sur de Guayaquil.

No pasaron ni 15 minutos, cuando supuestos policías de civil los detuvieron en la ciudadela La Garzota, al pie de una vulcanizadora. Al sitio habían llegado para reparar uno de los neumáticos del auto que se había averiado. La Policía adujo en ese momento que ambos pertenecían a una banda de ladrones que acababa de asaltar una farmacia en el norte de la ciudad.

Según Heidi del Rocío Camacho López, ese día su esposo Mata cumplía 33 años de edad y se había citado con Gómez para comprar alimentos que prepararían para celebrar el onomástico. Para entonces, la mujer y Mata habían procreado dos hermosas mellizas, las cuales ahora tienen 14 años de edad.

La mujer recuerda que a las 08:00, el día del asalto a la botica, llamó a su pareja, a su teléfono celular para felicitarlo por su cumpleaños. La llamada fue contestada por un hombre que le advirtió que lo buscara en la morgue. Al día siguiente, la desaparición de Mata fue denunciada.

Un mes después, Camacho sostenía que el teléfono celular de su marido seguía activado. Ella reconocía también que en los 7 años que llevaban juntos, Mata había sido detenido 4 veces por sospechas de robo y casi de inmediato salía en libertad porque demostraba su inocencia. Para esa época, Iván Mata, ante el fiscal que investigaba los hechos, responsabilizaba a la Policía Judicial del Guayas de lo que le pudiera ocurrir a su hermano mayor.

Mientras tanto, María Dolores Guerra Tábara, quien también estaba en la búsqueda de su esposo Gómez, recuerda que alrededor de las 19:15 del día de la balacera recibió una llamada desde un número de celular que no correspondía al de su pareja. Durante el contacto telefónico, escuchaba a su marido que le pedía auxilio porque lo iban a matar y revelaba que estaba en el interior de la Policía Judicial provincial. Luego, 5 minutos después, Gómez volvió a llamar a Guerra para ratificar que estaba en peligro de muerte y recomendarle que cuidara a su único vástago, el cual lleva su mismo nombre y en los actuales momentos tiene 17 años.

Esa noche, la mujer no pudo ver a su marido, quien se dedicaba al comercio de carne de res y usaba una pistola para su protección. Los gendarmes asignados a la garita de ingreso a la Policía Judicial impidieron el paso de Guerra, pese a que ella lloraba e incluso llegó a arrodillarse.

Al día siguiente (20 de noviembre), una foto publicada por un diario local ratificaba que su esposo había sido detenido por un supuesto policía de civil. El individuo era el exagente, Érick Salinas Monge, quien meses atrás había sido dado de baja por mala conducta. Salinas cumple ahora una sentencia de 25 años por violación a su hija. Bajo las mismas circunstancias había desaparecido Erwin Daniel Vivar Palma, de 32 años de edad, quien pasadas las 06:00, había salido de la casa donde habitaba junto a su sobrina política Seydi Natalia Vélez Falcones.

Según Vélez, cuando se dirigía a una entrevista de trabajo en el taxi de su tío, alrededor de las 06:30, fueron interceptados por otro auto, de donde se bajaron 3 hombres. Vélez, la única detenida que mostró la Policía producto del operativo en la farmacia, detalla en su versión de los hechos que los desconocidos la llevaron a ella y a su tío a los exteriores de la farmacia en el carro en que se movilizaban.

En ese momento, ella fue obligada a entrar a la botica y su tío quedó afuera; mientras tanto, el hombre que la sujetaba la obligó a tomar un bolso lleno de radios de comunicación. Luego, según el relato de Vélez durante el proceso judicial, la Policía ingresó y sometió al individuo que la tenía amedrentada. En ese momento, ella perdió de vista a su pariente. “A mi tío lo cogió un hombre, que no sé si es policía o no”, decía, Vélez.

La joven recuerda que “cuando ya había pasado toda la balacera, vi al que me tenía amenazada, lo vi en el piso, me quedó mirando. De ahí, vi a otro, también al lado, tenía un cuchillo, el otro tenía una granada, como tres o cuatro personas estaban ahí boca abajo, los tenían así como pisándoles las manos, contra la pared, en el piso y con la cabeza hacia arriba”, relató Vélez ante la justicia.

La única detenida al final fue sentenciada a 6 años de prisión por el delito de asalto y robo, aunque después la pena se redujo a 5 años por buena conducta. Simultáneamente, Mireya Vélez Falcones, esposa de Vivar, enterada del tiroteo, comenzó a buscarlo y luego de 5 días denunció la desaparición. La mujer aún recuerda que el día de los hechos en la farmacia llamó al número de su cónyuge y él le contestó asustado.

Bajo esas circunstancias, Camacho, Guerra y Falcones comenzaron a realizar plantones todos los miércoles de cada semana en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia para exigir la búsqueda de sus esposos. A ellas se unieron los familiares de otros desaparecidos por la fuerza pública.

Además, las mujeres, todos los 19 de noviembre, entre el 2003 y 2014, participaron en otro plantón en los exteriores de la farmacia escenario del asalto donde murieron los presuntos delincuentes José Vicente Cañar Reyes, Jasmany Alexander Rosero López, Raúl Javier Salinas Chumacero, Miguel Ángel Quispe Portilla, Richard Gonzalo Tello Jácome, y Henry Germán Aguiar Vargas. También perdieron la vida Carlos Andrade Almeida y Guime Lisandro Córdova Encalada, cliente y mensajero de la farmacia, respectivamente.

El cuarto desaparecido

En una de estas acciones de protesta, en 2013, la ciudadana Olga Reyes, reveló que su hijo Darwin Eduardo Cañar Reyes también estaba entre los desaparecidos, tras acercarse a la botica en búsqueda de su hermano José Vicente, quien fue ejecutado extrajudicialmente por la Policía, según la sentencia de la Corte Nacional de Justicia.

Reyes y una de sus hijas, adujeron que no denunciaron la desaparición antes por temor a ser revictimizadas. Hasta el cierre de esta edición, los familiares de los 4 desaparecidos no emitieron ninguna versión. Todos estaban esquivos con los periodistas que intentaban contactarlos. (I)

54 veces se pidió iniciar instrucción

Impunidad primó en el trámite de los procesos

Las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos ocurridos en la farmacia donde ocurrió la balacera siempre favorecieron a los policías involucrados. El 5 de marzo de 2004, el fiscal Héctor Vanegas, emitió su dictamen y acusó a los desaparecidos, Johnny Gómez Balda, César Mata Valenzuela y Erwin Vivar Palma y a la detenida Seydi Vélez Falcones, como coautores del robo.

Luego, el 6 de abril de 2004, el ministro fiscal de la Policía, Cristóbal Mantilla, se abstuvo de acusar al jefe del operativo, Eduardo González Flores y a los otros 19 gendarmes. El 23 de septiembre del mismo año, el fiscal Carlos Pérez Asencio, quien ya había desestimado la denuncia de plagio contra Gómez y Mata, negó darle trámite a la denuncia de Dolores Vélez y Dolores Briones, presentada en el Ministerio Fiscal de Guayas, por la muerte de sus esposos. La autoridad consideró que no se podía juzgar a los imputados dos veces por el mismo delito.

Por 54 ocasiones, las Dolores insistieron a Pérez que inicie la instrucción fiscal en contra de los policías Walter Castillo Yaguana, Luis Sánchez Chiliquinga, Ricardo Llulluma Álvarez y Héctor Fruto Márquez, como presuntos responsables de los crímenes. Luego, el 24 de septiembre de 2004, tras 5 meses de diligencias, los 4 jueces de la Segunda Corte Distrital de la Policía Nacional de ese entonces dictaron auto de sobreseimiento definitivo a favor de los 21 agentes implicados. Actualmente, Pérez ya no forma parte de la Fiscalía. (I)

Lectura estimada:
Contiene: palabras
Visitas:
Enlace corto: