María, con sus dos hijos, menores de 10 años, huyó de su hogar, ubicado en el sector rural de Mashpi, en el noroccidente de Pichincha, porque su cónyuge los agredió y quemó su vivienda.

La mujer presentó la denuncia por agresión física y sicológica en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de San Miguel de los Bancos. Aquí la desestimaron porque donde ocurrió el hecho no pertenece a esa jurisdicción, sino a la parroquia rural Pacto.

Cuando la mujer acudió al lugar le dijeron que no había UPC para que presentara la denuncia. Cuando regresó a San Miguel de los Bancos explicó el inconveniente y un fiscal le emitió la boleta de auxilio para protección de sus hijos y de ella. Solo en ese trámite se demoraron dos días para darle el documento.

De enero a septiembre de este año se registraron 36.249 casos de violencia contra la mujer y su núcleo familiar a nivel nacional, según el último reporte de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura (CJ).

La agresión física y sicológica ocupó el 99% de las denuncias. Solo por violencia sexual hubo 153 casos.

Geraldine Guerra, de la Red de Casas de Acogida, señaló que las cifras entregadas por las instituciones estatales no reflejan la realidad pues existe un subregistro, pero calificó los 36.249 casos como “espeluznantes”.

Sostuvo que la mujer vive un calvario para acceder a la justicia. “Hace falta que se ejecute la justicia en los territorios, se necesita una intervención integral que dé a las víctimas atención y genere prevención”.

Medidas de protección

Parece que las palabras de Guerra fueron escuchadas por las autoridades gubernamentales, puesto que en el artículo 22 de la Ley de Prevención y erradicación contra la violencia hacia la mujer y el núcleo familiar, en vigencia desde el 3 de septiembre, “las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados o la Defensoría del Pueblo serán los órganos competentes para otorgar las medidas administrativas de protección”.

Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, explicó que la ley permite que organismos como las Tenencias Políticas y del Consejo de Protección de Derechos emitan estas medidas, que luego podrán ser validadas por un juez, en caso de renovación.

Indicó que la ley amplía las competencias a funcionarios administrativos y que 800 tenencias políticas, de 221 cantones, a nivel nacional, podrán otorgar boletas de auxilio y de alejamiento.

El servicio está habilitado, las víctimas y sus familiares pueden solicitar estas medidas de protección, pues en julio de este año se capacitó a los funcionarios, manifestó.

Los delitos de violencia de género son los que más carga procesal generan al sistema de justicia y apenas funcionan 29 unidades judiciales especializadas, agregó la funcionaria.

La Judicatura prevé que hasta finales de año se incrementarán 100 tenencias políticas más para reforzar la atención a las víctimas.

Nelson Rivero, teniente político de Checa y Cumbayá, mencionó que la medida puede ser un instrumento que llegue a salvar vidas, porque las víctimas tienen la posibilidad de acceder a la justicia con mayor brevedad.

“Entregamos las medidas de auxilio, también hacemos seguimiento al caso para verificar que la familia esté protegida”, sostuvo.

Con la boleta de auxilio no terminó el caso de María. Ella y sus hijos tuvieron la ayuda de la Red Nacional de Casas de Acogida, que los trasladó hasta una de sus residencias en Cuenca, Azuay.

Después de un tiempo María regresó a Quito para vivir con una hermana; mientras que sus hijos retornaron a Pacto para terminar sus estudios. Posteriormente volverán con ella. (I)