Con el pasar de las horas el frío de la capital era más intenso. Durante la madrugada, mientras los jueces deliberaban a puerta cerrada, el ex jefe de la Escolta Legislativa,  Rolando Tapia,  permanecía en el auditorio del Palacio de Justicia en compañía de familiares, amigos y de su abogado. Durante la  noche llegó hasta el Palacio de Justicia la asambleísta, Lourdes Tibán (PK)  en compañía de su esposo, Raúl Illaquiche; esperaba el fallo judicial de su hermano Marco Tibán, ex miembro de la Escolta Legislativa. A las 20:50, trabajadores   de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República también llegaron; momentos antes había arribado una representante del Ministerio de Justicia, lo que provocó inquietud entre familiares y abogados de los policías.

A las 21:00 varias personas  ingresaron con comida para los jueces,  quienes se tomaron alrededor de una hora de descanso. Media hora después, Yolanda Cortez de Tapia salió del auditorio en compañía de sus hijas y cuñadas a  comprar comida para su esposo.

A las 22:00 Víctor Hugo Cevallos, abogado de Tapia, en compañía de personas allegadas al ex jefe de la Escolta salió a la calle durante varios minutos. El abogado con rostro de preocupación por la demora del Tribunal, fumaba sin descanso por la interminable espera.

Simultáneamente la asambleísta Tibán se ausentó por unas horas del Palacio de Justicia. Tras las puertas de cristal del auditorio, con semblante tranquilo y uno que otro gesto que delataba su preocupación,  Tapia esperaba parado el fallo.

El frío ingresaba por la puerta principal del Palacio de Justicia. Un  constante movimiento inquietaba a  quienes esperaban una respuesta, personas que entraban y salían, abogados que en cada salida explicaban que la deliberación continuaba.

Durante varias horas el movimiento dentro del auditorio daba falsas esperanzas a los periodistas, que  desde la mañana del lunes se apostaron en el exterior del edificio judicial. Finalmente,  cuando faltaban dos horas para el amanecer, acusados, sus familias y abogados, escucharon la sentencia condenatoria para los seis policías.

Después de 10 horas de deliberación, Renato Vásquez, presidente del Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, anunció la resolución que declara culpable a Tapia,  por el delito de atentado contra la seguridad interna del Estado en los hechos del pasado 30 de septiembre en  las instalaciones de la  Asamblea Nacional.

La misma sentencia condenatoria fue para los cinco policías acusados de  cómplices y encubridores del mismo delito.
Inmediatamente los abogados expresaron su inconformidad.

Cevallos calificó de “política” la sentencia emitada por los jueces y reiteró que espera la notificación para  apelarla.
Así terminó una jornada que empezó bajo un fuerte sol en la capital desde el medio día del lunes, cuando manifestantes afines al Gobierno gritaron constantes consignas en contra de los agentes policiales.

En menor cantidad, en cambio, familiares de los acusados utilizaron camisetas y pancartas para apoyarlos a sus allegados.

El fiscal Miguel Jurado abandonó el Palacio de Justicia sin emitir declaraciones. Tras escuchar la sentencia,  Tapia fue sacado del auditorio y, con fuerte resguardo policial, regresado al ex penal García Moreno, en donde guarda prisión  seis de los nueve meses desde que fue arrestado.

Mientras que los policías Mario Flores y Patricio Simancas, considerados cómplices, también fueron trasladados al ex penal. La pena que enfrentan será   la mitad de la que corresponda a Tapia.

Los agentes Marco Tibán, Francisco Noboa y Carlos Tasichana, calificados como encubridores, permanecerán en libertad mientras se notifica la sentencia. La pena es la cuarta parte del autor.

Familiares de los policías se vieron gravemente afectados tras el fallo judicial: hubo desmayos y  lágrimas  de niños que tras la puerta de metal lloraban entre el tumulto.

Ayer en la mañana, los miembros del Tribunal Segundo de Garantías Penales explicaron que el fallo se tomó tras haber estudiado no solo la evidencia presentada, sino los actos previos al 30 de septiembre, como el impedimento de entrada de los asambleístas, hecho que configura el delito penal.

En 72 horas la sentencia será entregada a los abogados para su respectivo conocimiento.