La Fiscalía del Guayas apelará el fallo judicial de sobreseimiento provisional de 39 personas procesadas por el supuesto cometimiento de usura y que fueron detenidas entre agosto y septiembre del año anterior, en el norte de Guayaquil.

María Gallardo Ramia, titular del juzgado Primero de Garantías Penales del Guayas, dio a conocer su dictamen el pasado lunes, tras la postergación de la audiencia de llamamiento a juicio iniciada en diciembre de 2013.

Durante esa diligencia, el fiscal Julio Vacacela acusó en calidad de autores a 39 de 41 ciudadanos aprehendidos, contra quienes presentó evidencias que demostrarían su participación en préstamos monetarios por fuera de la ley, entre ellos documentos, cartillas y mensajes de texto. Tres personas no fueron imputadas por Vacacela tras considerar que no había indicios suficientes contra ellas.

Los argumentos del fiscal no fueron contundentes para la jueza, por lo que determinó el sobreseimiento provisional, que significa que ella considera que por el momento no hay elementos suficientes para llamar a juicio a los implicados.

Con esto el proceso se suspendería por un período a determinarse hasta que la Fiscalía pruebe el cometimiento del presunto ilícito, mientras los sospechosos recuperarían su libertad.

Si el sobreseimiento es provisional para el proceso, la Fiscalía tendrá 5 años para recoger nuevos elementos que le permitan reforzar su acusación y retomarla, pero si el fallo es favorable para los procesados, la prórroga es de 3 años, así lo dicta el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. (Hasta la tarde de ayer no se pudo acceder al expediente para conocer quién fue sobreseído).

Pero esto deberá resolverse en los próximos días, una vez que la Fiscalía presente el recurso de apelación ante la Corte Provincial, donde el proceso será sorteado y continuará en una de las salas penales. La parte acusada también puede apelar el fallo, para que este, en lugar de ser provisional sea declarado definitivo, con lo que se buscaría terminar el proceso.

Si la sala falla a favor de la Fiscalía y considera que los involucrados deben ir a juicio, entonces continuaría en uno de los tribunales penales designados por sorteo; pero si le da la razón al juzgado, correría el plazo para que se retome la investigación.