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Juez sobreseyó a 31 procesados por falsa ambulancia en cárcel

La supuesta ambulancia ingresó por la puerta principal del Centro de Privación de Libertad, ubicado en la vía a Daule.
La supuesta ambulancia ingresó por la puerta principal del Centro de Privación de Libertad, ubicado en la vía a Daule.
Foto: Archivo / El Telégrafo
27 de septiembre de 2019 - 00:00 - Redacción Justicia

Las 31 personas procesadas por el ingreso de una falsa ambulancia al Centro de Privación de Libertad Regional Zonal 8, en Guayaquil, fueron sobreseídas a inicios de este mes de septiembre de 2019.

Es decir que les revocaron las medidas cautelares y quienes aún estaban con prisión preventiva recuperaron la libertad, según el artículo 607 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El juez que se abstuvo de acusar a los sospechosos es Jorge Martínez Olivares, de la Unidad Judicial Penal Norte N° 2, ubicada en el centro comercial Albán Borja.

El magistrado, durante la audiencia, motivó que los elementos recabados por la Fiscalía durante la investigación “no logran determinar que la conducta de los procesados constituya un acuerdo previo para el cometimiento de una infracción; es decir el delito investigado: asociación ilícita”.

Martínez hizo un recuento de los hechos. Mencionó que el 2 de enero ingresó (al centro) un vehículo tipo ambulancia conducido por un hombre acompañado de dos mujeres, aparentemente eran enfermeras.

El ingreso, según el informe, se realizó quebrantando los protocolos para la Gestión de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en los Centros de Privación de Libertad, dispuesto por -en ese entonces- el Ministerio de Justicia, indicó.

Añadió que no existe constancia de lo que fue ingresado en aquel carro y tampoco se comprobó que constituya una parte de los objetos hallados el 11 de enero.

Aquel día se encontraron, entre otras cosas, electrodomésticos, dinero, sustancias estupefacientes y armas. La información está detallada en el Sistema Informático de Trámite Judicial (SATJE).

La instrucción fiscal empezó el 18 de febrero de 2019 que se dictó prisión preventiva en contra de 26 personas. Entre ellos había policías, funcionarios y también el interno Jorge Luis Z. G., alias “JL” o “Rasquiña”, para quien, supuestamente, estaban dirigidos los objetos.

En mayo fueron vinculadas otras cinco personas. El 13 de agosto la fiscal del caso, Jacinta Andrade, decidió no acusar a los investigados.

El lunes 19 de agosto de 2019 el nuevo fiscal encargado, Pedro Intriago, solicitó al juez que deje sin efecto los dictámenes abstentivos a favor de los procesados. (I)

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