"Hubo un sobreprecio en el alquiler del Archivo de causas pasivas"

Desde el 4 de enero de 2018, Gabriel Manzur Albuja se desempeña como presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayas. Sus funciones podrían ampliarse al trabajar en conjunto con el delegado provincial, pero los lineamientos aún no se definen. Al funcionario le preocupan los actos de corrupción al interior de la institución que dirige y que en los últimos días fueron difundidos por los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio. De estos y otros temas dialogó el magistrado con EL TELÉGRAFO.

Como presidente de la Corte, ¿cuáles son sus principales funciones? 

Soy la cabeza jurisdiccional de la provincia, tengo a mi cargo los juicios de fuero y dentro de mis competencias, las acciones de nulidad de los laudos arbitrales.

Pero el CJ ha dicho que usted trabajará con el delegado provincial. ¿Ya le llegó esa asignación?

Aún el pleno de la Judicatura no determina los lineamientos y funciones entre el presidente de la Corte y el delegado provincial, nombrado recientemente, Manuel Chum Salvatierra.

Usted es un funcionario de carrera. ¿Cree que el concurso de méritos y oposición beneficiará a los servidores judiciales?

En Guayas hay más de 2.000 servidores judiciales y a nivel nacional hay 7.000 cargos. La idea era que los judiciales que tienen nombramientos provisionales, en el concurso perfeccionen esa partida como definitiva; y que otras personas de afuera tengan la oportunidad de participar. Pienso que debería priorizarse a las personas con experiencia judicial y en las que el CJ ha invertido en su capacitación.

¿Qué pasa con el examen psicológico, que en su mayoría ya lo pagaron y ahora el pleno del CJ dice que no es necesario?

Cuando entré en 2012 me hicieron la prueba psicológica y era parte del concurso. Ahora veo que los concursantes pagaron a un psicólogo para que le hagan el test. Es importante a todo nivel que se analice psicológicamente a las personas que ingresan a la Función Judicial.

Pero ese test no detendrá la corrupción que se detectó en esta jurisdicción. ¿Usted conocía de estas irregularidades?

El director provincial anterior, Lenín Zeballos, presentó las denuncias de tres casos de posibles actos de corrupción que se evidenció con informes de Contraloría y que comprometen los contratos de arrendamiento de los parqueaderos de los complejos judiciales Valdivia y Florida; el edificio del Archivo de causas pasivas y la de tres locales que no figuran como contrataciones suscritas.

¿Qué pasó con el contrato de los parqueaderos?

Se contrató a la compañía Unicasa para que administre los parqueaderos de los complejos judiciales Florida y Valdivia, ubicados en el norte y sur de Guayaquil, por un período de cinco años. Después de dos años, la empresa no pagó el valor del canon de arrendamiento, que era de $ 7.000 mensuales, y que estaba estipulado con la Judicatura.

Pero los edificios son del Consejo de la Judicatura, ¿por qué contratar a una empresa?

La Judicatura pasaba por un proceso de austeridad, por eso concesionamos los parqueaderos a la compañía Unicasa, que se encargó de todo el sistema, desde ubicar cabinas, poner seguridad y entregar las tarjetas, a cambio cobraba a los funcionarios y usuarios por el servicio de estacionamiento.

¿Qué pasará ahora con este servicio?

Se terminará el contrato por la vía contencioso administrativa. Y se reabrirá un concurso para que otra compañía preste ese servicio y así solucionar este problema.

¿La Contraloría determinó un sobreprecio en el alquiler del edificio donde funciona el Archivo de causas pasivas?

Efectivamente, hubo un exceso en el pago del canon de arrendamiento del edificio donde funciona el Archivo de causas pasivas, ubicado en la cdla. La Alborada, norte de Guayaquil. El Consejo de la Judicatura pagó primero $ 17.000 y luego $ 14.000 a la compañía que se contrató por cinco años. En un examen especial la Contraloría determinó que el alquiler del inmueble debió ser de $ 3.000, por lo que hubo un sobreprecio.

¿Por qué no se guardaron esos procesos en sus edificios?

Dentro de las unidades judiciales no había una infraestructura adecuada para el archivo de causas pasivas o inactivas. En el edificio están en un ambiente organizado y climatizado, el problema es el costo del alquiler. No recuerdo quién suscribió ese contrato, dicen que fue en 2016 y dos años se pagó un sobreprecio.

¿Qué acciones van a tomar en este caso?

Vamos a terminar con ese contrato y hemos pedido a  Inmobiliar, si hay dentro de sus inmuebles, que nos facilite un edificio para trasladar el Archivo pasivo de procesos.

Otra denuncia se refiere a tres alquileres de locales sin contrato, ¿quién los tenía a cargo?

En el complejo norte Florida funcionaban una cafetería, cyber, librería y un servicio de taxis sin contrato de arrendamiento, pero se pagaba a un funcionario $ 600. Este sitio estaba a cargo de un delegado del Director General de la Judicatura anterior. Por estos casos ya hay una investigación en Fiscalía.

¿Cómo prevenir estos actos de corrupción?

Para evitar estos actos de corrupción, se necesita un equipo adecuado que revise los contratos y los procesos de contratación. (I)