El Tribunal Cuarto de Garantías Penales del Guayas sentenció a Ángel M., exfuncionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la región insular, como autor de peculado y a otras 5 personas, en calidad de cómplices.

El fallo de los magistrados fue divulgado esta tarde, a través de un comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado.

Según lo detalló el organismo, el dictamen se emitió el pasado lunes 8 de junio. Las personas declaradas como cómplices son Édison C., Luis F., Juan M., Luis R. y Wilmer D. Mientras que para otros dos procesados, el Tribunal les ratificó el estado de inocencia.

La investigación realizada por el fiscal Ángel Quevedo, inició el 7 de enero del 2014, basándose en el examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a las operaciones administrativas y financieras de la Unidad de Atención Ambulatoria de la Dirección Provincial del IESS de Galápagos.

Según investigaciones de el Ministerio Público, el delegado provincial de Galápagos de la Contraloría General del Estado, fue quien puso en conocimiento de la Fiscalía este informe en el que se analizaron las transferencias de dinero efectuadas a las cuentas bancarias que pertenecían al exservidor público y a otras personas que no mantenían ninguna relación comercial o laboral con la institución, por un valor total de $ 975.132,20.

A decir del fiscal, entre el 21 de enero de 2011 al 28 de marzo de 2013, se habrían realizado 254 Operaciones de Pago en el Sistema Interbancario (OPIS) por $ 791.061,20, cantidad transferida a la cuenta bancaria de Ángel M.

Estos valores correspondían a pagos de viáticos, subsistencias, liquidaciones, reliquidaciones de contrato, préstamos quirografarios, anticipo de sueldos, liquidaciones de fondos de reserva, préstamos hipotecarios, pero que no estaban autorizados ni justificados legalmente.

De igual manera, el fiscal informó que entre el 5 de abril y el 21 de junio de 2013, se realizaron 22 transferencias por un valor de 184.071 dólares, que beneficiaron a cinco personas que no tenían ningún tipo de relación con el IESS.

La Fiscalía acusó a estos ciudadanos según el artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) a la fecha en que se cometió el delito, el cual establece una pena de 12 a 16 años de reclusión. En los próximos días el Tribunal notificará la sentencia por escrito. (I)