En el caso Secom, nueve personas van a audiencia preparatoria de juicio

- 02 de enero de 2019 - 00:00
La jueza nacional Sylvia Sánchez (fucsia), es quien lleva el caso de presunto peculado en la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).
Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO

Las nueve personas vinculadas por el presunto cometimiento del delito de peculado en tres contratos suscritos por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), deberán comparecer el lunes 14 de este mes a las 09:00 a audiencia preparatoria de juicio.

La convocatoria la hizo la jueza nacional Sylvia Sánchez, luego de que la fiscal general (e) Ruth Palacios, el pasado 30 de noviembre, diera por terminada la etapa de instrucción fiscal que duró 113 días y pidió se definiera fecha y hora para la audiencia.

Al momento en la causa hay cuatro procesados detenidos: Marco B., Carlos B., Javier L. y  Galo P.

En calidad de prófugos están el extitular de la Secom, Fernando A., Juan Ch., Vanessa S. y Elsa V., mientras que Pablo Y. está sujeto a otras medidas cautelares por ser cooperador eficaz.

El proceso judicial se inició el 9 de agosto pasado una vez que a Fernando A. la Fiscalía le formuló cargos por peculado. Indicios de responsabilidad penal señalados en el Informe de Contraloría DMA4-004-2018 originaron la investigación.

Un análisis de la gestión de la Secom, entre junio de 2013 y mayo de 2017, determinó que Fernando A., en su calidad de secretario de Comunicación, habría inobservado normas legales para la contratación de una persona y dos empresas.

Los abogados defensores de los cuatro detenidos expresaron su preocupación porque aún no se ha fijado día y hora para la audiencia de apelación a la prisión preventiva que fue dictada el 31 de octubre pasado por la jueza Sylvia Sánchez.

Según Marco Freire, abogado de Marco B., los recursos legales que están pendientes fueron presentados el 5, 6 y 7 de noviembre, en su orden, y a pesar de que ya fue sorteado el tribunal que debe atender la audiencia los jueces aún no dan a conocer la fecha.

Carlos Soria, abogado de Javier L., dijo que la prisión preventiva dictada fue injusta e inmotivada porque  no cumplió con todos los requisitos que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)   

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