A las 08:45 de ayer una audiencia de juzgamiento se convirtió en el centro de atención de quienes transitaban por el sexto piso de la Corte de Justicia del Guayas.

La diligencia no pasó desapercibida para los curiosos debido a que quien sería juzgado era justamente un ciudadano que -hace cinco meses- había cumplido el rol de juzgador.

El ex juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales del Guayas, con sede en el cantón El Empalme, César Alvarado Vargas, fue declarado culpable del delito de prevaricato.

Más de tres horas tomó a la Segunda Sala de lo Penal del Guayas, presidida por el juez Juan Paredes, determinar la responsabilidad del procesado que fue capturado en El Empalme -en abril pasado- por liberar a Walter Mariano Guerrero Villegas, alias el “Washo Guerrero”, líder de una banda delictiva.

Al finalizar la audiencia de juzgamiento, cerca de las 11:45 de ayer, Paredes dio a conocer lo resuelto por la Sala: “Se ha tomado la decisión de declarar la culpabilidad del abogado César Alvarado Vargas como autor de la infracción tipificada y sancionada en el artículo 277, numeral tercero, del Código Penal”.

Según la norma, el delito de prevaricato será reprimido con la pena de uno a cinco años de prisión. Se lo aplica -de acuerdo al numeral mencionado- en caso de que los jueces, en la sustanciación de las causas, procedieren maliciosamente contra leyes expresas, haciendo lo que prohíben o dejando de hacer lo que mandan. La pena que pagará Alvarado será  dada a conocer en los próximos días, dijo Paredes.

El ex juez cambió la orden de prisión que pesaba en contra del detenido, quien estaba  acusado de tenencia ilegal de armas, por medidas sustitutivas, que consistían en la presentación del imputado cada ocho días ante el juzgado y tenía  prohibido salir del país.

Desde que inició este proceso judicial, el fiscal Paúl Ponce tuvo a su cargo  la investigación que permitió determinar la responsabilidad del implicado. “Se ha demostrado que el procesado no actuó en base a lo que dicta la ley”, acotó el funcionario. 

El sentenciado fue detenido con otros dos ex funcionarios que habrían incurrido en el mismo delito, entre quienes está Ricardo La Mota, que estaba encargado del Juzgado Trigésimo Segundo de Garantías Penales del Guayas.

La polémica del caso se agudizó cuando La Mota reveló -a través de un video hecho público en YouTube- que fue presionado a la hora de ordenar la excarcelación de un detenido por tenencia ilegal de armas.

Aclaró, en su relató, que fue “víctima de presiones, amenazas e intimidaciones” para cambiar el dictamen fiscal y sustituir la prisión preventiva del procesado Édison Rivera Quila.