Reforma penitenciaria de Ecuador, analizada por expertos foráneos

Expertos internacionales de siete  países abordan, desde el lunes  hasta hoy, la problemática que envuelve al derecho y la administración penitenciaria en general, así como los posibles pasos a seguir en Ecuador para mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y la aplicación de nuevas políticas en el tema.

En el Teatro Universitario de la Universidad Central, en Quito, se efectúa el seminario internacional “Derecho y Administración Penitenciaria: Fundamentos de la Reforma”. Y forma parte de las actividades planificadas por el Ministerio de Justicia, justamente en busca de mejoras a la calidad de vida de las personas privadas de la libertad (PPL) y trabajar en la aplicación de nuevas políticas de administración.

La ministra de Justicia, Johana Pesántez, quien ayer participó como expositora con la temática “La rehabilitación social y su contribución a la seguridad ciudadana”, dijo  que el modelo de gestión penitenciaria en Ecuador implica una transformación en la conceptualización y operatividad del sistema de rehabilitación.  “Significa organizar y ordenar el estilo de vida de los reos, pero todo ello  fundamentado en la normativa constitucional, legal y los principios éticos públicos”, indicó.

Para lograr ese modelo de gestión, es vital no solo tomar en cuenta la realidad penitenciaria de Ecuador, sino las experiencias de otros países en esos procesos de transformación. De allí la trascendencia de escuchar a  los especialistas extranjeros. Eso, -a decir de Pesántez-  contribuirá a  complementar e incrementar la visión y formación  de los funcionarios  y operadores de justicia, y de personas vinculadas al derecho penal.

El experto argentino Juan Carlos Domínguez, del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), saludó  el cambio que impulsa  Ecuador a la gestión penitenciaria. Sin embargo, dijo que para lograrlo  no solo se requiere del valor político, sino del compromiso  de autoridades y sectores involucrados, de los operadores de justicia, sociedad y hasta de  los medios de comunicación, pues alertó: “Las reformas penitenciarias que no se concretan pueden llevar a retrocesos difíciles”.

El también argentino Alejandro Marambio, experto en criminología y derecho penal, cree que se debe buscar un plan que lleve a la  reinserción  social de los presos para cuando salgan, pues de lo contrario estimó que pueden volver a cometer iguales o peores delitos, incluso, movidos por el resentimiento  contra la sociedad que los marginó o castigó.

SOLUCIÓN NO ES LLENAR DE REOS LAS CÁRCELES 

La ponencia “Política criminal y Constitución” estuvo a cargo de la experta de Costa Rica, Liliana Rivera,  quien resaltó que se debe tomar en cuenta que la mejor opción no siempre es encerrar cada vez más a los infractores  y llenar las cárceles de presos, ya que aquello le resulta económicamente caro a un Estado. Por ello, dijo que siempre será mejor pensar en una verdadera política de rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Para que eso sea posible, Rivera consideró que, ante todo, siempre se debe observar lo que manda la Constitución y la Ley, para garantizar los derechos humanos y la calidad de vida de los reos, sin que eso sea interpretado como dar  un premio a quien ha cometido un delito. Para ello manifestó que es importante tener las reglas claras.

“No se pueden violar los derechos humanos en nombre de la justicia, por más delitos que se haya cometido. Hay que entender  que no es mejor dar el castigo más duro o feo para redimir al infractor”, dijo.