Rector de colegio militar solicita que se revoque la decisión de suspensión

- 07 de junio de 2019 - 07:24
El coronel Luis Pozo y el abogado Danny Torres señalaron que el plantel cumplió con todos los protocolos ante las dos denuncias presentadas.
Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO

El abogado Danny Torres solicitó la revocatoria de la resolución del 20 de mayo de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Quito.

En dicha resolución se solicita la suspensión del rector del colegio Militar Eloy Alfaro, Luis Pozo, por supuesta negligencia ante prácticas de presunta violencia entre pares.

La solicitud la plantearon el 29 de mayo de 2019. "Estamos a la espera de la contestación planteada legalmente por el colegio", dijo Torres, quien afirmó que el coronel está bajo la rectoría, "porque la medida no se encuentra en firme, por ello, tiene todo el derecho de acudir de manera legal ante la Junta para hacer valer los derechos institucionales a los que representa".

De allí que esperan la audiencia del 2 de julio. "La única condición es que en la audiencia sea la Junta la que se ratifique o no en estos hechos y obviamente tomaremos las acciones legales que amerite", recalcó Torres.

A su criterio, la solicitud de revocatoria se plantea debido a que consideran que existe un “maltrato institucional” porque en el plantel hay evidencias de que se cumplieron todos los protocolos del Ministerio de Educación, "conforme lo hemos presentado ante los organismos que lo han requerido". Cree que a esa "evidencia debe ceñirse la Junta".

La Junta resolvió la suspensión del rector a raíz de la denuncia que presentaron los padres de Sebastián por presunto delito de acoso escolar (bullying). Previamente, el colegio tuvo una denuncia en la misma entidad por el presunto abuso sexual de Dennis, de 8 años. Ambos casos son de 2017.

El coronel Pozo dijo que lleva en el cargo recién 10 meses. Ingresó el 7 de julio de 2018, pero recalcó que a pesar de ello se cumplieron en estos dos casos todos los protocolos del Ministerio de Educación y han colaborado con la Junta y la Fiscalía.

El coronel Pozo indicó que seguirá en el cargo hasta esperar una resolución en firme.

En estos dos casos ya hay fechas para las audiencias en la Junta Metropolitana de Protección. En el caso de Dennis se realizará el 21 de junio, a las 11:00, y en el caso de Sebastián, el 2 de julio, a las 14:00.

Torres detalló que en el presunto abuso sexual de Dennis, la institución educativa presentó el 10 de abril una denuncia en la Fiscalía, antes de la denunció que planteó la madre del menor el 18 de abril de 2019.

Detalló que este caso conoció el colegio el 5 de abril, a través de la psicóloga educativa, Patricia Aguilera, quien informó el supuesto abuso sexual de Dennis. Ese mismo día, el plantel firmó un acta con los padres de Dennis, la tutora, psicóloga particular y el instructor y la psicóloga particular se compromete a entregar el informe sobre el caso. Sin embargo, dijo, no se presentó ningún informe del caso el 8 de abril, cuando el niño dejó de asistir por decisión de los padres y con apoyo del colegio.

El 9 de abril tomaron de nuevo contacto con la psicóloga, quien les dijo que sería valorado por otra persona, y por ello presentaron la denuncia el 10 de abril ante al Fiscalía por presunto abuso sexual. Agregó que en este caso no hay "nombres, ni características físicas de una persona para que se pueda determinar un presunto responsable".

El 24 de abril, la madre de Dennis presentó la denuncia en la Junta de Protección de Derechos, pero señalan que ya no relata violación, sino "abuso sexual cambiando la figura" y, el 26 de abril, hubo una notificación de la Junta, que recién conoció el colegio el 10 de mayo. "No fuimos notificados legalmente", indicó.

En el caso de Dennis hay un proceso en investigación previa por el delito de violación.

Según el abogado Torres, desde 2017 solo cuatro denuncias fueron presentadas en contra del colegio ante la Junta de Protección.

A las de Dennis y Sebastián se suman dos procesos a dos menores por maltrato y uno por estética, pero recalcó que las otras denuncias fueron anteriores a la administración de Pozo en el plantel.

Tanto Pozo como Torres señalaron que en la institución las jerarquías militares no tienen peso y que existan hijos de personal militar en la institución no tiene nada que ver. "Todos los niños y adolescentes son sujetos de derecho y dentro de la primacía de derechos no existe alguno que diga que existan más o menos importantes", dijo Torres.

El abogado Torres dijo que acudirán a todas las instancias para proteger al plantel educativo. (I)

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