La evidente intervención del gobierno de los Estados Unidos en Latinoamérica para brindar apoyo financiero y logístico a los grupos que se oponen a los regímenes democráticos, utilizando la presencia de   organizaciones no gubernamentales (ONG), fue una de las conclusiones del simposio “Desestabilización y Golpes de Estado en América”, realizado  el miércoles en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El periodista estadounidense Jeremy Bigwood, quien ha trabajado en la desclasificación de documentos del Comité Church (perteneciente al Senado de EE.UU.), mostró las evidencias del financiamiento que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) otorgó al diario chileno El Mercurio, el emporio mediático más influyente de ese país,  con la finalidad de preparar el ambiente propicio para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Actualmente se conoce que el periódico recibió, en tres aportes, cerca de 2 millones de dólares.

“El diario realizó propaganda para que un presidente democráticamente elegido como (Salvador) Allende caiga”, precisó el investigador, a la vez que explicó que la presencia de las organizaciones no gubernamentales, que reciben  fondos y directrices de  la CIA, USAID, NSA (Agencia de Seguridad Nacional) y NED (Fundación Nacional para la Democracia), es una de las maneras en que  Estados Unidos ejerce su influencia  en los países de la región.

En el caso de la NSA, detalló que su misión primordial es obtener la mayor cantidad de información electrónica que se genera en el mundo. En sus inicios, era una organización secreta porque puede hacer  su trabajo por medio de sus satélites y no es necesario que se instalen geográficamente en cada país, como sí ocurre con las  ONG.  

En lo que respecta al financiamiento a medios de comunicación  en Latinoamérica,  Bigwood mencionó que entre 2007 y 2009 se destinaron $ 4’000.000 para la formación de periodistas de Bolivia, Nicaragua y Venezuela con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). El principal objetivo sería  generar el ambiente adecuado  para un golpe de Estado.

Esa intervención en la región -afirma- continúa vigente y se reveló en  los golpes de Estado concretados en   Venezuela (2002) y Honduras (2009), aunque solo la última resultó exitosa y acabó con el derrocamiento de Manuel Zelaya, mientras que al presidente Hugo Chávez lo rescataron sus bases. Del mismo modo, en las revueltas  que intentaron desestabilizar al gobierno de Evo Morales en Bolivia.

Para Óscar Bonilla, miembro de la comisión investigadora del 30-S, los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010 no pueden considerarse casuales o espontáneos, sino que fue una crisis generada dentro de un proceso de reestructuración del Estado que vive el país para “provocar una desestabilización”.

Esos procesos de reestructuración, entre los cuales estuvo una reforma integral de la fuerza pública, fueron destacados  por el asambleísta  Miguel Carvajal, quien considera  que entre los responsables del 30-S hubo  sectores que no se sintieron cómodos con esos cambios.  

Carvajal recordó que los cambios en la Policía Nacional surgieron después del ataque colombiano a Angostura (Sucumbíos) en 2008, pues se demostró que algunos agentes ecuatorianos tenían mucha dependencia de la CIA, lo que generó un impasse diplomático con EE.UU..  

Con ese antecedente, el periodista y director del documental “Muchedumbre 30-S”, Rodolfo Muñoz, destacó el poder de los medios de comunicación en  Ecuador y la enorme influencia que por décadas ejercieron en  la ciudadanía. “Lastimosamente solo se acostumbraron a pedir cuentas, pero no a rendirlas”, cuestionó, tras recordar que hace algún tiempo un periodista extranjero planteó la creación de un Observatorio de Medios en el país, idea que para algunos propietarios de periódicos resultó una “herejía”.  

Reproduciendo frente al público algunas imágenes que se difunden en el documental, Muñoz demostró que algunos canales de televisión privados ya estaban instalados en el Regimiento Quito N°. 1 el día de las protestas, mucho antes de que los ministros de Estado conocieran de la revuelta policial.

La viceministra de Justicia, Rosa Mireya Cárdenas, también participó del encuentro, organizado en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del 30-S. Por ello, al finalizar  el simposio, se realizó un homenaje a las víctimas de ese día  con la lectura de un texto titulado “La ética de las víctimas como autoridad moral”, que destacaba la participación de la ciudadanía en la defensa de la democracia.