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Proyecto contra la Corrupción pasa a debate en el pleno

Diez de los 12 miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobaron el informe para primer debate.
Diez de los 12 miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobaron el informe para primer debate.
Foto: Mario Egas / El Telégrafo
22 de enero de 2018 - 00:00 - Redacción Justicia

La comisión legislativa de Justicia y Estructura del Estado aprobó con el voto afirmativo de 10 de sus 12 integrantes, el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción.

Este documento fue remitido a la secretaría de la Asamblea, para que siga su curso regular y sea incluido en la agenda de una de las próximas sesiones del pleno legislativo para su debate, hecho que se daría en los próximos días.

El proyecto de ley recoge las iniciativas planteadas por el presidente de la Asamblea, José Serrano, y de los legisladores Mariano Zambrano, Encarnación Duchi, Juan Cristóbal Lloret, Wilma Andrade y Marcelo Simbaña.

Incluye cambios al Código Penal, así como a las leyes de Servicio Público, de la Contraloría, del Consejo de Participación, de Contratación Pública, entre otras.

La presidenta de la mencionada comisión, Marcela Aguiñaga, explicó que según el informe, uno de los principales cambios es sobre el requisito de procedibilidad, que no es otra cosa que el informe previo de la Contraloría para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito.

La propuesta -indicó- es que no se requiera este requisito en la fase de instrucción fiscal, sino en la audiencia preparatoria de juicio como fundamento de la acusación fiscal.

“Hoy el fiscal puede investigar, mas no formular cargos. De ser viable la reforma podría formular cargos y solicitar una medida cautelar. Pero ciertamente, emitir un dictamen acusatorio requerirá un informe de Contraloría”, dijo.

Aguiñaga anunció que para profundizar en este tema invitarán al contralor Pablo Celi, a fin de que aclare la necesidad o no de contar con este requisito de procedibilidad.

Explicó que el proyecto también fija la suspensión de derechos de participación por un lapso de 10 a 25 años para sentenciados en casos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo.

De la misma manera, tampoco volverán a ejercer cargo público de por vida aquellos sentenciados por tales delitos, a lo que se sumaría la inhabilitación para contratar con el Estado.

Además, el documento recoge la inquietud del defensor público, de que la medida cautelar de prisión preventiva se aplique como último recurso, y se establece el acompañamiento y asistencia jurídica a los ciudadanos que presenten denuncias por actos de corrupción.

Henry Cucalón, integrante de esta comisión, indicó que estos temas también han sido planteados en los proyectos de ley de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que podría causar confusión.

“En las reformas al COIP que tenemos en la mesa de Justicia hay muchos temas parecidos y tenemos un capítulo especial de todo lo que se refiere a delitos contra la corrupción, estamos debatiendo”,  precisó.

Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión, reveló que cada semana reciben propuestas de reformas sobre esta materia. (I)

Las iniciativas
La propuesta de Serrano
Con el nombre de proyecto de Ley de Manos Limpias, el 11 de septiembre de 2017, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, presentó el cuerpo legal donde proponía aumentar las penas para delitos de corrupción.

25 años no podrán ejercer derechos de participación los sentenciados por varios delitos, según el informe.

Siguen llegando proyectos
El último en presentar una propuesta para luchar contra la corupción fue la del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

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