Pupitres vacíos con historias de niñas que dejaron la escuela para dedicarse a ser madres se instalaron este m iércoles 29 de mayo en el parque Calderón, de Cuenca, a manera de protesta contra la maternidad forzada en niñas menores de 14 años.

Esta problemática convocó a colectivos de Cuenca y de Quito, Guayaquil y Ambato a unirse a la estrategia denominada “Son niñas, no madres”.

Esta iniciativa busca garantizar que las menores no sean obligadas a tener hijos producto de una violación, que ocurre en el 80% de los casos, y que el Estado garantice su protección y les permita decidir sobre su cuerpo.

Mientras se presentaba esta estrategia en Ecuador, en Nicaragua, Guatemala y Perú se plantearon acciones similares. Además, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, recibió la denuncia de cuatro mujeres de esos países violadas en su infancia y a quienes no se les permitió elegir otra opción.

Una de ellas es Norma, de Ecuador, quien a sus 13 años fue víctima de violación por parte de su padre; producto del incesto quedó embarazada, sin que el Estado le diera la opción de abortar, a pesar de que la gestación ponía en riesgo su salud.

Los cuatro casos fueron presentados este miércoles 29 de mayo en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un litigio único que ilustra uno de los más dolorosos estigmas de América Latina, la única región del mundo donde aumenta la violencia sexual contra las niñas.

La demanda en contra de los Estados en los que se registraron las violaciones -Guatemala, Ecuador y Nicaragua- la llevan Ginebra Planned Parenthood Global, una organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, otras seis asociaciones de la región y el Centro de Derechos Reproductivos estadounidense. La acción pretende impulsar una reforma legal.

Los derechos que el comité de la ONU declare violados crearán estándares para todos los Estados que han ratificado el pacto de derechos civiles y políticos.

Se prevé que se soliciten medidas generales para cambiar la situación legal en el territorio. “Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en Nicaragua o protocolos de implementación en Guatemala”, señala Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

“Los Estados tendrán que cumplir los estándares que dicte el comité”, explica Ximena Casas, de Planed Parenthood Global.

Aborto es ilegal

En Ecuador, el aborto es ilegal, salvo en caso de amenaza a la vida o salud de la mujer. Sin embargo, esta causal no fue respetada para que Norma pueda interrumpir su embarazo.

La denuncia de Ginebra plantea cinco temas: obligar a una niña violada a continuar el embarazo es cruel, inhumano y degradante, llama a respetar la autonomía y capacidad de juicio de las niñas.

Pide tratar este asunto como discriminación de género, pues muchas de las niñas y mujeres no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Además solicita el derecho a la integridad personal: que las menores que quieran abortar no sean tratadas como criminales. También que el aborto debe ser materia de servicios de salud y no del código penal. Y, el  último tema, es el derecho a la vida: las menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir en el parto.

“Los Estados latinoamericanos deben tomar acciones urgentes para garantizar aborto seguro y legal para las niñas sobrevivientes de abuso sexual. No podemos dejarlas en la indefensión y obligarlas a una maternidad forzada”, señaló Maydy Zabala, activista de Aequitas, un colectivo que defiende los derechos de las mujeres.

En el país, el 12% de las mujeres ya tienen un hijo o han experimentado al menos un embarazo. Es la tasa más alta de Sudamérica.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), indica que el 49,3 de cada 100 nacidos vivos fueron hijos de madres adolescentes.

Blanca Pacheco, directora de la casa de acogida María Amor, indicó que la violencia sexual es un problema grave en la ciudad y el país, sobre todo porque se da en entornos de confianza de la víctima como la familia y amigos cercanos. (I)

En las leyendas plasmadas en los cartelones, se contaban breves historias como la de Evelyn, una menor con discapacidad que también fue ultrajada. Foto: El Tiempo

Estudio
“Vidas robadas”
Según el estudio denominado “Vidas Robadas”, presentado en 2017, “de cada 10 víctimas de violación, seis corresponden a niñas, niños y adolescentes”. La mayoría son casos que no se denuncian.

40 por ciento de las menores que fueron violentadas no dio a conocer este delito en su momento, por temor o vergüenza.

No les creen
Según este informe, al 28% de las menores víctimas de violación que avisaron a sus familiares, no les creyeron. El movimiento regional plantea el respeto a sus derechos. (I)