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Prisión preventiva para 5 procesados por presunta asociación ilícita

La audiencia se realizó la tarde del miércoles 23 de diciembre.
La audiencia se realizó la tarde del miércoles 23 de diciembre.
Foto: Cortesía Fiscalía
24 de diciembre de 2015 - 09:00 - Redacción Judicial

Un juez de flagrancias emitió una resolución mixta en contra de los 6 detenidos por presuntamente asociarse para vulnerar el Sistema de Compras Públicas y beneficiar a terceros.  

En la audiencia realizada el miércoles, el magistrado resolvió que 5 de los procesados queden con prisión preventiva y uno con medidas alternativas como la presentación ante autoridad competente 3 veces por semana y la prohibición de salir del país.

Además, el juez dispuso la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de las cuentas bancarias de los procesados mientras se resuelve su situación jurídica.

En la presentación de los hechos, el fiscal Francisco Rosero manifestó que los 6 ciudadanos mantenían conversaciones vía telefónica y en ocasiones se reunían para establecer el sistema y actividades de cada uno al momento de solicitar porcentajes de ganancias en las visitas a las empresas oferentes en el sistema informático del Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Según las investigaciones de la Fiscalía, los detenidos serían parte de una organización que para obtener ganancias ofrecían sus servicios para manipular el sistema de catálogo electrónico y beneficiar con la adjudicación de contratos a escala nacional.

Los procesados fueron detenidos durante el operativo realizado la noche del martes 22 de diciembre, donde se realizaron 6 allanamientos en varios puntos de Quito.

En la diligencia se logró incautar computadoras, discos duros, documentos y equipos de comunicación, en los que se presume guardan información que ayude a esclarecer el caso.

El Ministerio Público inició las investigaciones en agosto pasado. Durante este tiempo, se conoció que los sospechosos se comunicaban mediante correos electrónicos, mensajería instantánea, a través de sistemas de empresas públicas y direcciones privadas.

La instrucción fiscal durará 90 días. (I)

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