Juez dictamina prisión preventiva para María Sol L.

- 03 de diciembre de 2019 - 00:00
María Sol L. llegó ayer a la audiencia de formulación de cargos, bajo custodia de personal de la Policía Nacional.
Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

La exfuncionaria del IESS recuperó la libertad el viernes. Desde el domingo estaba bajo arresto domiciliario y a partir de este lunes 2 de diciembre de 2019 volvió a un centro de rehabilitación.

La exalta funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol L., enfrenta un sexto proceso penal por corrupción.

Este lunes 2 de diciembre de 2019, en la audiencia de formulación de cargos que se cumplió a doble jornada en Quito, el fiscal de la Unidad Antilavado, Mario Muñoz, pidió la prisión preventiva para ella. Además demandó la prohibición de enajenar bienes.

La misma medida solicitó el fiscal para el esposo de la exfuncionaria, Marcelo Antonio E., y para su cuñado, Carlos Ricardo E.
No obstante, admitió que la procesada no tiene inmuebles a su nombre en el país.

De hecho, indicó que ella adquirió un departamento en el 2015, ubicado en Miami (Estados Unidos), valorado en $ 440.000, cuyo pago se hizo en efectivo.

Las tres personas y las empresas Centro de Diálisis Contigo S.A. (Dialicon), Representaciones Guderian S.A., Sociedad de Hemodiálisis (Socihemod Cía Ltda.); además de Diálisis y Servicios (Dialilife S.A.), Dialvida Centro de Diálisis Cía. Ltda. y Servidif S.A. Servicios de Diálisis, son investigadas por presunto lavado de activos.

En la diligencia el fiscal Muñoz pidió también al juez de garantías penales, Máximo Ortega, que abra una instrucción fiscal contra las tres personas naturales y las seis jurídicas (empresas).

La acusación fiscal

Según la Fiscalía, María Sol L. conjuntamente con su cónyuge y su cuñado, constituyeron y utilizaron compañías de servicios de salud para obtener contratos con el IESS por más de $ 35,6 millones.

El Fiscal aseguró que en el período en el que la exfuncionaria ocupó altos cargos directivos y estratégicos en el IESS, se adjudicaron los contratos a las compañías antes mencionadas.

Como consecuencia, María Sol L., su esposo y su cuñado incrementaron su patrimonio y adquirieron varios bienes muebles, inmuebles, acciones y participaciones.

Reveló que después de 2018, luego de que la pareja fuera sentenciada por enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado, ellos disolvieron su sociedad conyugal.

Pero además traspasaron bienes y acciones de empresas a nombre de sus hijos y cuñado. A este último le otorgaron un poder especial con la facultad de realizar cualquier transacción de los esposos.

Dijo que desde agosto del 2017 hasta el viernes pasado, mientras la exfuncionaria se encontraba detenida, recibió un salario mensual de $ 5.600 provenientes de tres empresas en las que tenía participación.

Teodoro Coronel, abogado de María Sol L., afirmó que no hay un solo contrato que su cliente haya firmado para beneficio de las empresas prestadoras de salud y emplazó al fiscal para que demuestre lo contrario. “Sobre los elementos que presentó la Fiscalía, no existe nada documentado”, dijo, al señalar que no hay delito.

Diego Chimbo, abogado de cuatro de las seis compañías investigadas, señaló que las empresas no se crearon cuando la principal procesada era funcionaria del IESS, sino antes. “Tienen una creación en 1999 y desde ese entonces eran de las mayores proveedoras de servicios al Estado”, aseveró.

Tras cerca de nueve horas de audiencia, el juez Ortega, dispuso la prisión preventiva para María Sol L. y para su esposo y cuñado, medidas cautelares. Además el inicio de una instrucción fiscal por 90 días.

Situación legal de la procesada

A la exservidora pública se le abrió el domingo un quinto proceso penal. Esta vez por peculado, ya que hay presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos para el IESS.

Como consecuencia de este proceso, el juez de la causa ordenó el arresto domiciliario de la exfuncionaria y prohibición de salir del país.

Contra ella hay cuatro sentencias en firme: dos por tráfico de influencias, de un año de pena cada una; una por enriquecimiento ilícito con 20 meses de cárcel y otra por peculado, con una sentencia de un año. (I)

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