El primer informe del Código Orgánico General de Procesos (Cogep) estaría listo en la quincena de julio y a finales del mismo mes se enviaría al pleno de la Asamblea Nacional para el respectivo debate, estimó la asambleísta Marcela Aguiñaga, miembro de la Comisión de Justicia del organismo legislativo. Indicó que en este tiempo han recibido observaciones de juristas.

Uno de los principales puntos del proyecto es el cambio del sistema escrito al oral en la mayoría de las materias judiciales, excepto el penal, como está establecido en la Constitución de 1998 y se ratifica en la Carta Magna de 2008.

En cumplimiento de esta disposición constitucional el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y el titular de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, entregaron el proyecto del Cogep al pleno de la Asamblea. (LEA EL PROYECTO DE CÓDIGO GENERAL DE PROCESOS)

Los legisladores, a  través de subcomisiones, han avanzado en el análisis de la normativa en estos 5 meses, organizando socializaciones y recibiendo aportes de profesionales y catedráticos del derecho.

La semana pasada el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía, expuso sus observaciones al proyecto en la Comisión de Justicia de la Asamblea. Una de estas fue que se haga una evaluación integral y objetiva de lo que pasa con la aplicación del sistema de oralidad en el país en temas de niñez y adolescencia, laboral y penal.  

Y de esa manera generar un proceso de planificación de lo que significará pasar a la oralidad en todas las materias.

Para Alomía, las causas que se desarrollan en las unidades de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia sobrepasan la capacidad física de los jueces para resolverlas.

Genaro Eguiguren, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, también presentó sus observaciones al Cogep en la comisión, entre ellas, dijo que la oralidad asegurará que los derechos sean más respetados. “Desde la academia se ve con mucho interés esta normativa, a fin de hacer efectivos los cambios”, puntualizó.

Eguiguren también habló de legitimar la acción del Procurador, Defensor del Pueblo, incluso del Defensor Público en cuanto a intervenir en procesos de la acción contenciosa en defensa de los intereses de la generalidad de las instituciones públicas.

El asambleísta Gilberto Guamangate, de la Comisión de Justicia, afirmó que la oralidad es importante para la celeridad de las causas. “Hay procesos que han demorado de 3 a 4 años, y con la normativa podría reducirse el tiempo”.

El legislador manifestó que se han realizado socializaciones en Guayaquil, Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas, entre otras ciudades de diferentes provincias.  

La nueva normativa, que contiene más de 500 artículos, permitiría la solución de conflictos en materias no penales, a partir de un esquema simplificado basado en 4 procedimientos: ordinario, sumario, monitorio y ejecutivo.

Diferentes catedráticos han manifestado sus aportes en la Comisión de Justicia, como Ernesto Guarderas, profesor de la Universidad Católica del Ecuador; Álvaro Mejía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar; y René Bedón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de los Hemisferios.

El artículo 168, inciso 6 de la Constitución referente a los principios de administración de justicia determina: “La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”.