A  la oficina del coronel Julio César Cueva le llegó una notificación para que se acerque  de forma urgente  a  la Comandancia de Policía. Ahí, al  ingresar    al  noveno piso, se encontró con la sorpresa de que debía cancelar la suma de  5.280 dólares, por  supuesto mal uso de un carro blindado durante los hechos del pasado 30 de septiembre. Así como él, 104 agentes  recibieron  las notificaciones con el monto que deben cancelar por el mal uso de bienes públicos.

Cueva explicó que, según el memorando, se lo señala como comandante de vigilancia centro oeste, lo que   es falso, sin embargo fue notificado. Los abogados de  los policías indicaron que en un lapso de 30 días  deberán hacer el descargo de pruebas correspondientes ante la Contraloría General del Estado,  entidad que fijó las multas a pagar, para que la sanción económica impuesta quede desvirtuada y, por consiguiente, sin efecto.

Ángel Portilla, abogado de 15 policías, explicó que antes de establecer una multa por mal uso de bienes públicos se debe realizar el peritaje, en el que se especifique la propiedad y el daño correspondiente.

Portilla agregó que en los memorandos, enviados a los policías, no se establece en detalle el mal uso de los bienes, es decir no se especifica si se ha utilizado el arma de fuego, el patrullero, las radios, etc.

Portilla también duda de los montos asignados, ya que   los peritajes de  la Contraloría   no han sido exhibidos para ser valorizados.

Dijo, además,  que desconoce si contienen una  evaluación de la parte técnica de los equipos, de los cuales   se ha hecho mal uso.

700  sumarios administrativos

Aproximadamente,   700   policías   se encuentran  sumariados administrativamente por mala conducta profesional. Sin embargo, los órganos reguladores de la institución  aún no determinan si los gendarmes serán dados de baja.

Varios miembros policiales, que recibieron la notificación, estaban sorprendidos, ya que, aseguraron, jamás han sido informados  de que se encontraban en algún tipo de proceso por   actos indisciplinarios.

José García, abogado del capitán Juan Carlos Avilés, mostró la resolución tomada por el Consejo Superior de la Policía, en la que se libera al oficial  de la disponibilidad, porque no se determinó responsabilidades durante los actos del 30 de septiembre y fue restituido en su cargo. Contradictoriamente, también, le llegó la notificación de 2.640 dólares que debe cancelar por mal uso de bienes.

Cualquier proceso penal, administrativo o laboral, por ley debe ser notificado a los involucrados, sin embargo los policías que llegaron hasta la Comandancia, explicaron que desconocen de que se los acusa  y por que deben pagar.
El cabo primero Jofre Silva  salió contrariado de la institución  por la cantidad exorbitante que debe cancelar, tras manifestar que a su debido tiempo realizó el descargo de pruebas  y que desconoce el motivo por el que debe pagar una cantidad de dinero que   no posee.

Así como Silva,  cientos de policías se muestran preocupados  por los procesos mal llevados en su contra   y por las glosas impuestas sin la debida sustentación.