La Corte de Justicia de Tegucigalpa emitió una orden de captura contra tres policías activos implicados en el asesinato del hijo del exembajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Sosa Coello. Otros cinco hombres fueron remitidos a prisión por el mismo caso.

El juzgado emitió la boleta en respuesta a una solicitud del Ministerio Público (Fiscalía), que “involucra a estos policías en el asesinato de Carlos Alejandro Sosa Chávez, hijo del exembajador hondureño en la Organización de Estados Americanos”, explicó un portavoz del tribunal que lleva el caso.

Los policías acusados, según las investigaciones preliminares, integrarían una agrupación delincuencial que se dedica al cobro de extorsiones y al sicariato. Ellos son Elvin Flores, Marvin Ferrera y José Ávila.

La orden fue expedida un día después de que las autoridades detuvieron a cinco hombres que también formarían parte de esta organización y que fueron enviados a la prisión de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional, al norte de Tegucigalpa.

A los acusados se les dictó "detención judicial por el delito de homicidio" en perjuicio de Carlos Alejandro Sosa, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza el pasado 7 de diciembre, cuando estaba en la zona oriental de Tegucigalpa.

Los implicados son Manuel Díaz, presunto líder de la banda, Dennis Oliva, Elías Mendoza, Nelson Paz y David Picado. Está previsto que la audiencia inicial se celebre el 11 de octubre.

Desde el 2011 la Policía de Honduras ha sido cuestionada debido a denuncias de corrupción en contra de sus agentes y oficiales, a quienes se los involucra en tráfico de drogas, robo de vehículos y violaciones a los derechos humanos, incluso, asesinatos.

El pasado 1 de agosto un juzgado hondureño declaró culpables a los policías José Pozo, Santos Padilla, Gabriel Marcía y Wilson Córdova, a quienes procesó por la muerte de los jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas, hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), y su amigo Carlos Pineda.

El hecho sucedió en octubre de 2011. Los agentes ahora pagan una condena en la Penitenciaría Nacional del país.