Pide la reserva de su nombre. Lo hace porque teme agotar las posibilidades de recuperar su automóvil (un Volkswagen Gol 2009). 

En marzo de 2017 Luis T. junto con su esposa dejaron su carro en un patio de compra y venta de vehículos, ubicado en la avenida Eloy Alfaro N-65 y Manuel Ambrosi, en el norte de la capital.

Al ingresar el carro, este fue avaluado en $13.000 e iba a ser vendido hasta en $11.500. Tres meses después Luis recibió una llamada de una mujer que le solicitó que le facilitara la copia de las llaves del automotor.

En ese momento se enteró de que su vehículo tenía un nuevo dueño. Se acercó al patio. El  encargado confirmó la venta y le entregó dos cheques: uno por $5.000 y otro por $5.500. Para eso, Luis y su esposa, firmaron un documento en el que constaba la entrega de los cheques.

Cuando la pareja quiso cambiar los documentos bancarios estos no tenían fondos. Al regresar al sitio en el que comercializaron su vehículo les solicitaron que esperen un mes para cobrar el dinero.

El plazo se cumplió, pero los cheques nunca pudieron cobrarse ni depositarse. Luis se comunicó con los nuevos dueños y les informó que el carro seguía siendo suyo, pues el pago que le correspondía no se concretó. Ellos por su parte optaron por devolver el vehículo al patio.

Tres días después el carro fue trasladado a un nuevo patio ubicado en el mismo sector (Eloy Alfaro y De los Fresnos). Ahí se vendió por segunda vez, pero Luis y su esposa -hasta la fecha- no reciben el valor del automotor.

Frente a la pérdida, ellos pusieron una denuncia en la Fiscalía. En el proceso judicial, los comerciantes presentaron un contrato de compra y venta “supuestamente firmado” por Luis y su cónyuge.

La pareja asegura que nunca rubricaron ese documento y que el contrato fue notariado sin que consten sus huellas digitales, ni sus documentos originales. Estos son requisitos básicos para legalizar una compra o venta.

En el país, según datos de la Policía Judicial (PJ) los casos de hurto de carros por estafa son menores.  

El capitán Santiago Garzón, jefe de los dos patios de retención de vehículos robados e incautados que hay en Quito, informa que de los 2.142 autos retenidos, el 30% es por robo en la vía pública, el otro 30% corresponde a automotores adulterados para ser comercializados y el 40% restante son carros detenidos durante asaltos, asociación ilícita, violaciones, asesinatos, evasión de impuestos, ingresos ilegales al país y estafas.  

El perito encargado de investigar la denuncia puesta por Luis indicó que la firma de su esposa era falsa, pero después se retractó, informa el perjudicado.

En la actualidad el caso está en indagación previa y la pareja espera recuperar el valor de su carro. En primera instancia, los responsables de la venta del vehículo ofrecieron pagar la deuda por partes, pero la esposa de Luis no está convencida de eso.

Este Diario visitó el patio en el que la pareja indicó que vendieron su carro. Juan Carlos Tobar, jefe del área de ventas de esa casa comercial informó que, en el sitio que funciona desde hace dos años hay cerca de 200 automotores a la venta.

El encargado agregó que la comercialización se da por dos vías: la primera cuando el patio compra, directamente, el carro. En ese caso el pago -aseguró- es inmediato y en efectivo.

En el segundo caso cumplen el rol de intermediarios. Es decir, el auto permanece estacionado hasta que exista algún interesado. Cuando se concreta la venta, el patio se lleva una comisión del 3%.

Al consultar sobre si el patio ha enfrentado alguna denuncia por estafa, Tobar señaló que “como en todo negocio, siempre se van a presentar ciertos inconvenientes, pero a todo le hemos damos seguimiento”. Asegura que los casos han sido resueltos sin causar perjuicio a sus clientes, tanto los que venden como los que compran.

Ana María Ruiz es otra de las perjudicadas por estafa a la hora de adquirir un auto. En febrero de este año compró un Chevrolet Spark en un patio, en Chillogallo, en el sur de la urbe. Mientras circulaba por la ciudad, en mayo de 2018, la Policía, durante un operativo de rutina revisó la documentación de su carro. Cuando los agentes ingresaron el número de placa al sistema que manejan se determinó que el carro estaba registrado como robado.

El capitán Pedro Varela, jefe de la Brigada de Automotores de la Policía Nacional informa que a diario, a través de los operativos, los agentes detienen -en promedio- tres vehículos porque constan como robados.

Cuando se dan estos casos, el conductor también es privado de la libertad. Eso fue lo que le pasó a Ruiz. Ella permaneció en la Unidad de Flagrancia hasta que mostró documentación en la que constaba la compra del carro.

Cuando puso la denuncia y fue a buscar respuestas, el patio ya no funcionaba. En su lugar hay un negocio de lavado de autos. El automotor que adquirió la mujer permanece en el patio de la Policía ubicado en el sector de Marianas, en el norte de la capital.

Ahí, en un espacio de 17.000 metros cuadrados hay otros 1.400 carros y 3.500 motocicletas. Mientras camina por el terreno, por el cual la entidad paga $5.000 mensuales de arriendo, el capitán Garzón informa que ya no tienen espacio físico suficiente para recibir más vehículos.

Cada mes ingresan entre 50 y 60 (el 80% es de alta gama). De esa cantidad, menos de 25 vuelven a circular por las vías del país. ¿La razón?  El agente señala que, la falta de interés de los dueños, generada por el “papeleo burocrático” que implica recuperar un carro, es el principal impedimento.

Para que el propietario de un vehículo robado recobre ese bien es necesario que el fiscal del caso disponga la realización de un peritaje integral. Los especialistas realizarán el reconocimiento técnico, mecánico, avalúo de daños e identificación del número de serie original. En caso de estar alterada se someten a un proceso de revenido químico (operación para reestablecer el número de serie original).

Después de este proceso, el fiscal solicita a la casa ensambladora el análisis del código de seriales de identificación del vehículo para determinar su identidad. Para esa diligencia es necesario sacar un turno que se da, dependiendo de la casa, en tres o cuatro meses dice Varela.

Los agentes entregan una copia simple de su informe al jefe del Centro de Acopio de Indicios y Evidencia de la PJ.

Por su parte, los dueños deben justificar la legalidad del carro recuperado. Para ello deben comparecer ante el fiscal, quien una vez realizado el peritaje integral (sin hallar adulteración en los seriales de identificación), dispondrá la entrega del automotor en 24 horas.

La única condición para los propietarios es que deben presentar el vehículo cuando lo requiera el juez o el fiscal, bajo prevenciones de ley.

Si el vehículo recuperado tiene adulteración, una vez establecida la identidad del automotor y de su propietario se dispondrá a su entrega en cinco días. En promedio, todo el proceso tarda entre ocho y nueve meses asegura el capitán Varela. (I)