Suenan las 12 campanadas de medianoche, en medio del espectáculo de las operaciones antidroga ordenadas por el presidente filipino, Rodrigo Duterte. Los policías acaban de abatir a una “personalidad de la droga”, otra más.

La víctima es sacada del arrabal de Manila, donde ha sido liquidada y llevada a una funeraria. El joven se suma a otros cadáveres acribillados a balazos que yacen en mesas o en el suelo ensangrentado. Cada muerto lleva un número en cifras romanas inscrito en el brazo o la pierna.

Mientras en una carretera aislada yace un joven sin calcetines, con heridas de bala en la cabeza y el vientre, junto a una pistola al alcance de la mano.

Un oficial dijo que se trataba de un conocido traficante de droga y que la Policía se vio obligada a matarlo en legítima defensa.

Como en la mayoría de los homicidios de “personalidades de la droga”, no se informó que algún policía resultara herido en esas operaciones. Pero si las investigaciones desmintieran la versión de los policías, el gobierno filipino ha prometido indultos a los oficiales declarados culpables de asesinatos en el marco de la guerra contra la droga.

Durante su campaña electoral el año pasado, el presidente Duterte   aconsejó a los electores que abrieran funerarias para obtener beneficios. “Las pompas fúnebres estarán llenas a reventar”, prometió. “Yo voy a suministrar los cuerpos”, explicó.

Estas declaraciones fueron aplaudidas por los filipinos, cansados de la criminalidad y seducidos por su carisma de hombre de pueblo. Duterte ganó fácilmente la presidencia, tras una campaña basada en temas de seguridad. Se comprometió a erradicar el tráfico de drogas en seis meses gracias a una empresa en la que miles de traficantes y toxicómanos serían liquidados.

En 14 meses, la Policía abatió a más de 3.500 personas calificadas oficialmente como ‘personalidades de la droga’.

Toxicómanos masacrados

Dos mil sospechosos resultaron muertos a manos de desconocidos, según la Policía. Pero los defensores de los derechos humanos afirman que estos asesinatos fueron cometidos por milicianos o policías que actuaban de forma oficiosa.

Duterte rechazó las críticas de quienes estiman que esta campaña está condenada al fracaso, además de constituir un crimen contra los derechos humanos.

Pero el presidente, exabogado, de 72 años, aseguró que esta táctica es la correcta. A veces con declaraciones intempestivas -dijo que estaría “feliz de masacrar” a tres millones de toxicómanos- y otras con indignados desmentidos a la acusación de que incita a los policías a actuar al margen de la ley.

En los últimos días el mandatario  admitió que es poco probable que logre el objetivo antes de finalizar   su periodo, en 2022.

Acusó a las fuerzas de Policía corruptas de ser parcialmente responsables de esta situación.

Precisamente -que sea o no coincidencia- la semana anterior las policías de Manila y provincias vecinas lanzaron nuevas operaciones que se saldaron con unos de los más sangrientos balances de la guerra antidroga.

En la primera operación de este tipo, el lunes último, la Policía de Bulacan, vecina de la capital, mató a 32 personas.

Mientras que, los defensores de los derechos criticaban la operación, Duterte felicitó a los policías implicados e instó a sus colegas a imitarlos. “Si pudiéramos matar a 32 personas por día quizá se podría disminuir lo que va mal en el país”. Después de ello, la Policía abatió a otras 25 personas.  (I)