El nuevo Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas 2017-2021 se enfoca en dos grandes ejes: reducción de la demanda y disminución de la oferta de las sustancias.

La primera arista incluye la tan nombrada prevención del consumo que en Ecuador tiene como edad promedio de inicio los 14,71 años, es decir entre los 14 y 15.

También contempla promover la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población; intervenir tempranamente a los usuarios de drogas ocasionales o no problemáticos; tratar las consecuencias nocivas para la salud por el uso y consumo de drogas, así como las consecuencias sociales.

Las estrategias para cada objetivo están planteadas. Por ejemplo, mejorar los espacios públicos, generar actividades que promuevan el adecuado uso del tiempo libre, desarrollar habilidades de crianza y convivencia armónica, implementar procesos de identificación oportuna de riesgos, comunicación asertiva, crear y fortalecer grupos comunitarios, generar campañas escolares, capacitar docentes, entre otros.

Ledy Zúñiga, titular de la Secretaría Técnica de Drogas (Seted), manifestó que la prioridad es que otros chicos no se involucren en el consumo de drogas. Según estudios, uno de cada 10 menores de edad declaró consumir o probó (en el último año) alguna droga ilícita y “queremos bajar esa cifra”.

La funcionaria destacó que hay que fortalecer el núcleo familiar, las comunidades, la seguridad en los colegios y además identificar las bandas de microtraficantes que operan en el país.

Centros de atención
Igual de importante es el tratamiento de adictos. Desde 2015 hay centros especializados. Actualmente, existe una red de atención residencial de 12 centros públicos y 90 privados. Además de 740 establecimientos ambulatorios del Ministerio de Salud Pública (MSP) con personal capacitado y especializado en adicciones a nivel nacional.

Zúñiga explicó que el proceso de rehabilitación depende del nivel de adicción, frecuencia de consumo y del tipo de sustancia. Es decir, que no toda persona que consuma sustancias debe ser internada y eso lo evalúa un especialista.

Unas de las metas del plan es ampliar esta red y fortalecer la capacidad de respuesta. Así como generar procesos de emprendimiento e inclusión laboral para quienes estén en los establecimientos de tratamiento de alcohol y otras drogas, y en los centros de privación de la libertad.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos detalló que hasta julio de 2017 había 10.103 personas en los centros de rehabilitación social del país por delitos relacionados con drogas. En la cárcel de mujeres el 50% y en la de varones el 26,57%.

Reducción de la oferta
El otro eje del plan nacional está enfocado en reducir la disponibilidad de drogas y la capacidad de personas y organizaciones de ofertarlas en mercados de consumo interno.

También -según el texto- se implementarán nuevas bases para la Unidad Contra el Tráfico para Consumo Interno (UCTCI) en los sectores priorizados. Estos son el resultado del estudio de la incidencia de consumo y venta de las sustancias. La idea es tener un mejor despliegue de los agentes.

Además, figura el fortalecimiento de las unidades de Antinarcóticos, de Investigación y Análisis criminal.

César Navas, ministro del Interior, señaló que en la Policía Nacional se reestructuran los servicios, especialmente de la Dirección Antinarcóticos. “Habrá una unidad específica que ya existe, pero con una fortaleza mayor para el control de los temas de drogas”.

Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía Nacional, aseveró que este año se activarán 28 puntos de controles integrados. “Vamos a fortalecer la presencia de agentes en las fronteras, considerando que estamos entre dos países productores de sustancias sujetas a fiscalización y por eso la facilidad del paso en camiones con caletas y otras modalidades”.

El oficial añadió que la medida no solo ayudará a disminuir el ingreso de drogas al territorio, sino también el contrabando, el abigeato, entre otros delitos.

En cuanto a este eje, Ledy Zúñiga detalló que trabajan con los líderes barriales para identificar los problemas de consumo y las bandas que utilizan a personas de escasos recursos para vincularlas al microtráfico.

“Por eso proponemos el proyecto de ley de extinción de dominio y esperamos que el Legislativo lo apoye. Hay que atacar a los narcotraficantes por donde más les duele: el dinero. Y que esos bienes, esos ingresos puedan ser dispuestos por el Estado y reinvertidos en prevención y políticas sociales”.

Adicionalmente, continuará el proyecto ‘Escuela Segura’ para incrementar el control en los alrededores de las instituciones educativas. Según los antecedentes presentados en este plan integral, el 21,28% de estudiantes considera fácil conseguir marihuana; 12,07% lo mismo respecto a la heroína o ‘h’; 9,38% la cocaína; y 6,12%, pasta base de cocaína. (I)

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